
Desde que asumió el poder, Donald Trump ha reiterado que la nueva política de la Casa Blanca sobre los criptoactivos apunta a hacer de éstos una moneda de uso común no solo en las transacciones ordinarias, sino para el manejo de las finanzas públicas, una estrategia que algunos analistas describen como una estrategia geopolítica para afianzar al dólar como sustento de la economía global.
El gobierno estadounidense ha seguido directrices en este sentido: por un lado, a principios de marzo firmó una orden ejecutiva para crear la reserva estratégica de criptomonedas, un fondo que se capitaliza con bitcoins propiedad del gobierno federal que han sido incautados en procesos judiciales, así como los que comprarán en los próximos cinco años a fin de establecer una bolsa con, al menos, un millón de bitcoin.
Adicionalmente, la Casa Blanca y el Congreso han acelerado el paso para promulgar el entramado regulatorio que permita viabilizar la economía digital, a la par de dejar sin efecto muchas de las acciones de la istración de Biden, entre ellas las varias demandas de la SEC contra actores del ecosistema cripto, con lo cual se vislumbra una total apertura al sistema financiero tradicional.
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La apertura como un paso natural 146c5z
En un giro de 180 grados respecto a la posición que tuvo en su primer mandato respecto a los criptoactivos, durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió convertir al país en “una superpotencia del bitcoin”, adoptando su uso de manera irrestricta, una oferta que le ganó votos entre los promotores de este mercado y aportes a su cruzada electoral.
Al margen de ello, los analistas creen que la apertura del mundo financiero a la economía cripto era cuestión de tiempo no solo por la presión misma del mercado, sino porque ya muchas firmas financieras están utilizando la tecnología blockchain para llevar sus productos a un público cada más amplio y disgregado, consiguiendo, de paso, más eficiencia y reducir costos operativos.
“Si los reguladores estadounidenses abordan los riesgos comunes relacionados con la blockchain y los criptoactivos podría llevar a una mayor adopción de estas tecnologías por parte de instituciones financieras más tradicionales, como los bancos y a una aplicación más amplia de la tecnología en la economía estadounidense y más allá”, dice Tracy Combs, socia codirectora de la oficina de Salt Lake City de Greenberg Traurig.
Su colega José Ignacio Rivero, socio en la oficina mexicana del despacho español Pérez-Llorca, coincide con esta opinión, al asegurar que la apertura que se ha visto en las autoridades estadounidenses hacia los activos digitales en general puede marcar un punto de inflexión en su integración al sistema financiero formal.
“Si esta tendencia se consolida, es previsible una mayor participación institucional, más liquidez en los mercados y un avance en la estandarización de productos financieros basados en blockchain”, expresa.
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Contexto 84g68
Los cambios han sido evidentes. Apenas tomó posesión, Donald Trump dio los primeros pasos para cumplir su ofrecimiento al crear la Fuerza de Tarea Cripto, un grupo de trabajo de la Securities and Exchange Commission (SEC) encargado de diseñar el nuevo marco regulatorio de los criptoactivos, en conjunto con el Congreso.
Aunado a este anuncio, la salida de Gary Gensler de la presidencia de la SEC, el organismo regulador del mercado financiero comenzó a dar marcha atrás a varias demandas iniciadas por el Gobierno anterior contra empresas y personas vinculadas al ecosistema cripto, sobre los cuales pesaban juicios por contravenir las leyes vigentes.
Es así como importantes actores del mercado como Kraken, Coinbase, Consenus, Circle, Inmmutable y, más recientemente Binance y todo su ecosistema financiero (incluido su exCEO, Changpeng Zhao), han sido exculpados de cometer delitos financieros, con lo cual no solo se les permite la libre operación en el mercado estadounidense, sino que auspicia nuevos horizontes para la industria cripto.
“Esto va mucho más allá de la justicia hacia Binance, se trata de abrir las puertas a una adopción más amplia, más seguro y caminos más claros para los creadores en todas partes”, comunicó Binance tras conocer la desestimación a finales mayo.
Además, desde la salida de Gesler, la SEC ha dado un vuelco a muchos de supuestos que privaron hasta ahora, cambiando el estatus de ciertas clases de criptoactivos y declarando, por ejemplo, que las memecoins y algunas stablecoins no son valores, lo cual trae a colación un nuevo debate sobre si se trata de valores o materias primas, lo que, a su vez, lleva al dilema de cuál es el organismo idóneo para su regulación.
“Queda por verse cómo estas diversas propuestas y directrices se combinarán para crear un marco regulatorio”, dice Tracy Combs.
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Estratégica reserva 4u5l14
La reserva de bitcoin creada por Donald Trump tiene una vertiente que va mucho más allá del plano meramente ahorrativo: ayudar a reducir la cuantiosa deuda pública de Estados Unidos, calculada hoy en más de 37 billones de dólares, monto que se prevé alcance para 2030 los USD 44 billones.
Detrás de esta iniciativa está la senadora republicana Cynthia Limmis, quien sostiene que adquirir y mantener un millón de BTC durante dos décadas podría reducir a la mitad la deuda nacional, proponiendo para ello la compra de 200.000 bitcoin anuales durante cinco años, lo que representa el 5 % del suministro total de esta criptomoneda.
El planteamiento de expertos y políticos difiere de la forma tradicional como operan las reservas de petróleo y oro del gigante americano, que las utiliza para equilibrar y bajar los precios cuando se dan alzas muy pronunciadas.
En el caso de los activos digitales, la lógica es más sencilla, pues se trata de una simple acumulación de una moneda que, si bien es inestable en su cotización diaria, ha demostrado un poder de revalorización como ningún otro activo. De hecho, en los últimos ocho meses, el bitcoin prácticamente ha duplicado su valor, al pasar de 56.000 dólares en septiembre de 2024 a 110.000 dólares al cierre de mayo de 2025.
Al respecto, un análisis de la firma de gestión de activos Van Eck, fechado en diciembre de 2024, señala que, si EE. UU. adquiere bitcoin a un precio promedio de USD 100.000 hasta completar la reserva de un millón de dólares a una tasa compuesta de apreciación de 25 % anual, para 2049 esa reserva podría representar 35 % de la deuda nacional.
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Manejo geopolítico 261l6s
Más allá de masificar su uso, la apertura del gobierno de Estados Unidos a los activos digitales tendría un fuerte componente geopolítico, pues la istración Trump parece haber comprendido que hacer de las stablecoin parte de la masa monetaria apalancaría al dólar como moneda dominante en el comercio mundial, a través de la emisión de stablecoin basadas en la moneda fiduciaria.
Este mecanismo, al tiempo de incrementar el flujo de recursos que vendrían a dinamizar la economía en general, permitirá que compradores de otras latitudes adquieran dólares digitalizados incluso sin que medie un acuerdo bilateral, con lo cual la moneda americana se afianzará como soporte fiduciario en cualquier jurisdicción.
Además, la inminente aprobación de una ley que permitirá a las empresas privadas emitir sus propias stablecoin tendrá efecto directo en la deuda, pues una de las cláusulas previstas para permitir la emisión es que parte de los recursos sean utilizados en la compra de deuda pública estadounidense, evitando la emisión de más papeles y ayudando a reducir el déficit.
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Entre leyes 136o21
Como ocurre con todo lo disruptivo, muchos de los productos de la economía digital han chocado contra la pared de la falta de leyes que los regulen, lo que llevó al gobierno de Joe Biden a aplicar normas generales del sistema tradicional para reglamentar servicios financieros inéditos, con resultados poco alentadores para los partidarios de la tecnología.
Al respecto, José Ignacio Rivero señala que la adopción de normas ya establecidas ha creado cierta incertidumbre, ya que no siempre está claro qué reglas aplican ni cómo deben cumplirse, razón por la cual cada vez hay mayor consenso en la necesidad de una regulación clara y moderna que dé certeza a todos los actores involucrados.
De allí que, si bien desde hace varios años las dos cámaras del Congreso de EE. UU. vienen analizando diferentes proyectos de leyes relacionados con criptomonedas, stablecoin y hasta un hipotético dólar digital, el regreso de Trump a la Oficina Oval ha acelerado el ritmo de propuestas de leyes, al punto que ya superan la docena, entre las cuales destacan:
- Clarity Act (H:R:4766): ley bipartidista que establece requisitos claros para los emisores de stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria. Propone, además, poner fin a la supervisión de los criptoactivos por parte de la SEC y transferir ese poder regulatorio a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
- Ley Genius: normativa para regular las stablecoins de pago, exigiendo exige que estén completamente respaldadas, tengan auditorías de seguridad y la aprobación de reguladores federales o estatales. Solo las entidades con licencia pueden emitir stablecoins y restringe las variantes algorítmicas.
- Ley de Innovación y Tecnología Financiera para el Siglo XXI (FIT21): también busca otorgar una autoridad regulatoria clara a la SEC y la CFTC. Describe cómo las criptomonedas pueden alcanzar el estatus de reguladas por la SEC y define las responsabilidades de la SEC con respecto a los activos digitales.
- Ley BRIDGE de Activos Digitales (H.R.9579): establece el Comité Asesor Conjunto sobre Activos Digitales, copresidido por la CFC y la SEC. Este brindará asesoramiento sobre normas, regulaciones y políticas relacionadas con los activos digitales, con el objetivo de armonizar los enfoques regulatorios entre la CFTC y la SEC.
- Ley Lummis-Gillibrand de stablecoin (S.4155): otra ley que busca ser el marco regulatorio para las stablecoin, garantizando su respaldo en reservas uno a uno. Prohíbe la emisión de monedas estables algorítmicas sin respaldo e incluye medidas para proteger a los consumidores.
- Ley Estatal Anti-Vigilancia de CBDC (H.R.5403): impide que la Reserva Federal emita dólares digitales (CBDC) directamente o a través de intermediarios a particulares. Aborda las preocupaciones sobre la privacidad financiera y la vigilancia gubernamental.
- Ley de Estructura del Mercado de Activos Digitales y Protección del Inversor (H.R.5745): prevé que los activos digitales deben crearse electrónicamente, tener un historial de transacciones seguro y ser transferibles mediante un método descentralizado.
- Ley de Integridad Blockchain (H.R.8266): impone una moratoria de dos años a las instituciones financieras que gestionan, utilicen o realicen transacciones con fondos canalizados a través de plataformas de activos digitales.
Además, estados como Arizona, New Hamshire y Texas ya cuentan con legislaciones para regular las criptomonedas y otros activos. Se espera que otros estados promulguen este año sus propias normativas para manejar esta materia.
“Una ley bien diseñada podría ofrecer certeza jurídica, mejorar el a servicios financieros innovadores y fortalecer la posición global de EE. UU. en el ecosistema cripto”, puntualiza Rivero.
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