Panamá está dando pasos firmes para consolidarse como un referente regional en el uso de criptomonedas y tecnologías blockchain. Aunque hoy no existe una ley específica que regule su uso, tampoco hay una prohibición. En este marco de libertad comercial, varias empresas ofrecen servicios relacionados con criptoactivos, operando legalmente con licencias comerciales vigentes.
Algunos bancos panameños, regulados por las autoridades correspondientes, ya permiten a sus clientes recibir pagos en criptomonedas y convertirlos en dólares estadounidenses, la moneda de curso legal en el país. Más aún, en abril de 2025, la Alcaldía de Panamá firmó un convenio con una entidad bancaria para aceptar criptomonedas como método de pago de tributos municipales. El banco actúa como intermediario, recibiendo los criptoactivos y depositando su equivalente en dólares en las arcas del gobierno local.
Este entorno dinámico y abierto ha preparado el terreno para un cambio mayor. A través de la presentación de un ambicioso anteproyecto de ley, Panamá busca establecer un marco regulatorio claro, moderno y seguro para los criptoactivos. La propuesta, introducida en la Asamblea Nacional por iniciativa de un diputado, marca un hito en la evolución del país hacia una economía digital más robusta.
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El proyecto tiene como objetivo regular el uso de criptomonedas, promover su integración en el sistema financiero y fomentar la innovación mediante blockchain. Se basa en principios clave como la seguridad jurídica, la protección al consumidor, la inclusión financiera, la transparencia y el cumplimiento de normas internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Una de las principales novedades es la creación del Consejo Nacional de Activos Digitales (CONAD), un órgano interinstitucional encargado de coordinar la política pública en esta materia. Este consejo será responsable de emitir directrices para supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como las plataformas de intercambio o exchanges, que deberán registrarse, cumplir requisitos de capital mínimo y someterse a auditorías anuales.
El anteproyecto también regula las Ofertas Iniciales de Criptomonedas (ICO) y los Tokens de Seguridad (STO), exigiendo su registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores y la presentación de información detallada en libros blancos. Se busca con ello proteger a los inversionistas y fomentar un entorno transparente y confiable.
Otro punto destacado es el impulso al uso de blockchain en servicios públicos. La ley promueve su aplicación en áreas como la identidad digital, el registro de propiedades y la recaudación de impuestos, con plazos concretos para su implementación. También se plantea la creación de zonas económicas digitales y un fondo para apoyar la investigación y desarrollo en tecnologías blockchain.
Para atraer inversión y estimular el ecosistema local, se incluyen incentivos fiscales para startups y empresas tecnológicas que utilicen blockchain en sus modelos de negocio. Entre los beneficios se contemplan exoneraciones fiscales por cinco años y tasas reducidas de impuesto sobre ganancias de capital.
El proyecto contempla además mecanismos de protección al consumidor, exigiendo a las plataformas informar sobre riesgos, tarifas y políticas de reembolso. Se establecerá un sistema de arbitraje digital para resolver disputas, y un fondo de garantía protegerá a los inversionistas en casos de quiebra o fraude.
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La implementación del marco legal se plantea en tres fases: primero, la creación de la infraestructura regulatoria y el licenciamiento; luego, la integración de blockchain en procesos gubernamentales; y finalmente, la consolidación de un ecosistema digital completo. También se prevé la creación de un comité interinstitucional que evaluará periódicamente los avances y propondrá ajustes conforme a la evolución del mercado.
Como es natural, ante toda innovación surgen voces escépticas. Algunos críticos temen que las criptomonedas favorezcan fraudes o el lavado de dinero. Sin embargo, los defensores del proyecto recuerdan que estos problemas también ocurren —y con frecuencia— en el sistema financiero tradicional, sin que por ello se cuestione su existencia. Más aún, con los controles adecuados y tecnología de trazabilidad blockchain, es posible establecer sistemas incluso más seguros y transparentes que los actuales.
Hoy, millones de personas usan sistemas digitales sofisticados desde sus celulares con plena confianza. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo con las criptomonedas?
Panamá no puede ni debe quedar al margen de la revolución digital global. El país ya convive con las criptomonedas y su economía se entrelaza cada vez más con ellas. Este anteproyecto representa una oportunidad para ordenar, potenciar y aprovechar este fenómeno, posicionando a Panamá como un centro o hub tecnológico y financiero de primer nivel en América Latina.
Seguiremos de cerca su evolución legislativa, pero mientras tanto, el mensaje es claro: las criptomonedas ya están aquí, y Panamá no les da la espalda. Les abre la puerta con visión, regulación y futuro.
*Ricardo Chanis es socio en el bufete panameño Chanis Legal.
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