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¿Cómo puede la propiedad intelectual impulsar el desarrollo en América Latina? Esto opina Luis Henríquez 1bg1w

Wed, 04 Jun 2025 20:06:00 +0000

¿Cómo puede la propiedad intelectual impulsar el desarrollo en América Latina? Esto opina Luis Henríquez

Henríquez: La región ha experimentado avances importantes, como la digitalización de procesos, reformas normativas y una mayor participación en foros internacionales.

Rosa Ramos Wed, 04/06/2025 - 16:06

A poco más de un año de haber conversado por primera vez con Luis Henríquez, presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi), y a pocos días del Seminario de Asipi en San Salvador, el abogado se sienta de nuevo con LexLatin para explicarnos por qué Latinoamérica es un escenario estratégico para concebir la PI como motor de crecimiento, colaboración e integración regional.

En esta entrevista, además, Henríquez destaca el papel de la PI en la integración regional y detalla por qué la PI debe estar en el centro del emprendimiento y la innovación.

LexLatin: ¿Es Latinoamérica un escenario estratégico para pensar la PI como motor de crecimiento, colaboración e integración? ¿En qué y cómo llegamos a este punto?

Luis Henríquez: Sin lugar a dudas, porque contamos con una gran riqueza natural, una fuerza laboral talentosa y costos de vida relativamente bajos, lo que nos posiciona favorablemente en el contexto global. No obstante, para transformar ese potencial en realidades tangibles, es fundamental crear entornos que promuevan la innovación y brinden incentivos claros para el emprendimiento y la inversión.

En un mundo cada vez más conectado, las compañías buscan establecerse en aquellos países que les ofrezcan las mejores condiciones legales, económicas y tecnológicas. Por eso, los países de la región deben actuar con visión y generar marcos normativos sólidos, políticas públicas atractivas y ecosistemas favorables para atraer a quienes están construyendo el futuro.

El Salvador es un ejemplo interesante de esta nueva dinámica. En los últimos años, ha comenzado a implementar cambios relevantes para atraer empresas tecnológicas, ofreciendo un entorno más competitivo y abierto a la innovación. En este contexto, el Seminario de ASIPI se enfocará precisamente en el vínculo entre innovación y propiedad intelectual, y en cómo una alianza sólida entre ambos elementos puede convertirse en motor de desarrollo para nuestros países.

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¿Cuáles son las fallas de nuestra región para afrontar los cambios y retos actuales en PI?

La falta de incentivos efectivos, la inseguridad jurídica, la ausencia de políticas públicas coherentes en materia de innovación y propiedad intelectual, la inestabilidad institucional, la baja calidad del sistema educativo, el limitado a financiamiento y una débil cultura de innovación. A ello se suma la escasa articulación entre el sector público y el privado. Todos estos factores obstaculizan la consolidación de un ecosistema propicio para el desarrollo tecnológico y creativo.

¿Cómo evalúa el estado actual de la PI en Latinoamérica en comparación con otras regiones?

Hemos experimentado avances importantes en los últimos años, como la digitalización de procesos, reformas normativas y una mayor participación en foros internacionales. No obstante, persisten brechas significativas en comparación con regiones que cuentan con mayores niveles de inversión en investigación y desarrollo, o con sistemas de propiedad intelectual más consolidados.

El gran desafío que enfrentamos es lograr que la propiedad intelectual se integre de forma efectiva en las políticas de desarrollo, y que se traduzca en beneficios concretos para las economías locales.

Asimismo, es fundamental educar a la población en propiedad intelectual desde edades tempranas, no solo para que comprendan cómo aprovechar sus beneficios, sino también para generar conciencia sobre la importancia del respeto a los derechos de los creadores y los riesgos asociados a prácticas como la piratería.

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¿Podría destacar algunos países que estén liderando en políticas y resultados en PI? ¿Qué podemos aprender de sus experiencias?

Cada país de la región ha desarrollado experiencias valiosas que, al ser compartidas, contribuyen significativamente al fortalecimiento colectivo. Más allá de destacar casos individuales, lo realmente transformador es identificar y difundir buenas prácticas, analizar las reformas que han dado resultados concretos y fomentar una cultura de aprendizaje mutuo.

En ASIPI creemos firmemente en el valor de la cooperación regional. Por ello, trabajamos activamente para crear espacios de diálogo constructivo, impulsar la asistencia técnica entre países y promover una armonización progresiva de nuestros sistemas de propiedad intelectual. Todo esto lo hacemos con pleno respeto a las particularidades jurídicas e institucionales de cada jurisdicción, entendiendo que la colaboración es clave para avanzar hacia marcos más eficientes y coherentes en la región

¿Cuáles son las principales tendencias que observa en la evolución de la PI en Latinoamérica? ¿Hacia dónde se dirige la región?

Una de las principales tendencias que observamos en la evolución de la propiedad intelectual en América Latina es su creciente transversalidad. La PI ha dejado de ser un tema reservado a sectores industriales o tecnológicos tradicionales, y hoy se posiciona como un eje estratégico en ámbitos tan diversos como la agricultura, la inteligencia artificial, las industrias creativas y la sostenibilidad.

También es evidente un avance hacia la digitalización de los sistemas de PI, así como un creciente interés por su vinculación con las nuevas tecnologías. Este fenómeno viene acompañado de una participación más activa de actores no tradicionales, como las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos de base cultural y tecnológica, las universidades y los centros de investigación.

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En nuestra visión, el futuro de la PI en la región pasa por tres grandes ejes: su democratización, para que esté al alcance de todos los sectores productivos; su apertura, para que dialogue con otras áreas del desarrollo; y su capacidad de adaptación frente a las nuevas dinámicas globales.

¿Qué papel están jugando actualmente las organizaciones regionales (como la CAN, el Mercosur, la Alianza del Pacífico y, en especial, ASIPI) en la armonización y el avance de la PI?

Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la integración normativa y técnica de la región. En el caso de ASIPI, hemos asumido la tarea de fomentar espacios de formación, investigación y cooperación interinstitucional.

Nuestra participación activa en foros multilaterales, sumada al trabajo de nuestra red de delegados nacionales, nos permite mantener una conexión directa con las realidades locales, identificar desafíos concretos y construir puentes entre los distintos actores del ecosistema de PI: autoridades, sector privado, academia y sociedad civil. Esa articulación es clave para avanzar hacia sistemas más modernos, eficientes y alineados con las necesidades de desarrollo de la región.

¿Cómo se está abordando en Latinoamérica la protección de nuevas formas de PI, como biotecnología, software o inteligencia artificial?

Este es, sin duda, uno de los grandes desafíos que enfrenta actualmente la región. Muchas jurisdicciones en Latinoamérica se encuentran en distintas etapas de adaptación normativa, ya sea mediante reformas legislativas o la emisión de directrices istrativas para abordar temas como la biotecnología, el software o la inteligencia artificial.

Otras entrevistas: ESG: El valor de una marca socialmente responsable

Hemos asumido un rol activo en el impulso de estos debates a nivel regional, principalmente a través de nuestros comités de trabajo, donde se analizan implicaciones jurídicas, técnicas y éticas, y se promueve el intercambio de experiencias. Además, fomentamos la formación especializada de nuestros profesionales, conscientes de que el fortalecimiento técnico es clave para afrontar estos nuevos escenarios.

Nuestro objetivo es que Latinoamérica no solo reaccione ante los cambios globales, sino que también construya una visión propia, que refleje sus capacidades científicas, su contexto económico y sus principios éticos, contribuyendo así al desarrollo de marcos normativos sólidos y pertinentes.

¿Cómo se puede promover una mayor conciencia sobre la importancia de la PI entre emprendedores, pymes y la sociedad en general?

La clave está en la educación y en la capacidad de traducir el valor de la propiedad intelectual en resultados concretos y comprensibles para la sociedad. Por eso, en ASIPI nos hemos propuesto generar estudios que midan el impacto económico real de algunas de las figuras más emblemáticas de la PI. Estos documentos permiten demostrar, con base científica, la relevancia de la PI como herramienta de crecimiento y competitividad.

Además, sirven como insumo valioso para los órganos del Estado, tanto para sensibilizar a los tomadores de decisión como para diseñar e implementar políticas públicas más efectivas. Nuestra misión es clara: crear conciencia, generar evidencia y contribuir activamente a que la propiedad intelectual sea reconocida y aprovechada como un motor de desarrollo en la región.

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Hábleme un poco de su gestión: ¿Qué ha pasado en el último año? ¿Cuáles estrategias y acuerdos ha implementado ASIPI?

Este ha sido un año de intensa presencia institucional. Visitamos más de ocho países, fortaleciendo vínculos con oficinas nacionales, organismos internacionales y universidades de la región. Desarrollamos actividades académicas y seminarios especializados centrados en temas clave como los avances del mundo digital y la sostenibilidad.

El Seminario de San Salvador es una síntesis de todo este trabajo: refleja a una ASIPI activa, conectada y profundamente comprometida con los desafíos del presente y las oportunidades del futuro en América Latina y el Caribe.

¿Qué balance hace de su trabajo hasta ahora? ¿Qué destacaría? ¿Qué falta por hacer en los próximos años o en qué debería enfocarse ASIPI?

El balance es bastante positivo. Hemos avanzado en el cumplimiento de los objetivos establecidos en nuestro plan de trabajo, consolidando muchos de los logros que nos propusimos al inicio de la gestión. Fortalecimos la presencia institucional e internacional, ampliamos nuestra oferta académica, estrechamos la colaboración con oficinas nacionales y organismos multilaterales e impulsamos el diálogo en torno a temas clave como la innovación, la sostenibilidad, la economía digital y la formación de nuevas generaciones.

También dimos pasos importantes en la producción de estudios técnicos, la participación en espacios multilaterales y en el posicionamiento de ASIPI como una organización proactiva y comprometida con el desarrollo de la propiedad intelectual como herramienta de crecimiento.

Ahora nos corresponde enfocar los esfuerzos en cerrar esta etapa de gestión de manera ordenada y preparar la entrega formal al próximo presidente, la cual tendrá lugar en nuestro evento de fin de año en Buenos Aires.

Del baúl: La protección a la propiedad intelectual en América Latina

Considero que ASIPI debe seguir profundizando su labor en tres ejes estratégicos: fortalecer su incidencia en la formulación de políticas públicas; consolidar alianzas con actores clave del ecosistema de innovación; y continuar promoviendo una cultura de respeto y aprovechamiento de la propiedad intelectual desde una perspectiva inclusiva y regional.

¿Cuáles son los planes de ASIPI para actuar como impulsor de la PI como motor de crecimiento, colaboración e integración?

Seguiremos impulsando alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales, promoviendo espacios de capacitación de alto nivel y desarrollando iniciativas de relacionamiento institucional que acerquen la PI a los distintos actores del ecosistema productivo y creativo.

Nuestro objetivo es que la propiedad intelectual forme parte de las agendas de desarrollo de nuestros países, no como un tema aislado, sino como una herramienta transversal que potencia la innovación, el emprendimiento y la competitividad.

En esta línea, el Seminario de ASIPI en El Salvador servirá para reunir a especialistas, autoridades, académicos y empresarios para reflexionar conjuntamente sobre cómo transformar la PI en un factor clave de crecimiento económico y cohesión social en América Latina y el Caribe.

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Guía sobre protección de datos personales en América Latina 5d6n44 ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas?

Wed, 21 May 2025 17:59:07 +0000

Guía sobre protección de datos personales en América Latina: ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas?

Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, una herramienta colaborativa que mapea en profundidad desafíos y aprendizajes de diferentes jurisdicciones de la región.

Rocío Mellas Wed, 21/05/2025 - 13:59

Con el objetivo de crear un punto de partida para analizar la implementación de políticas de protección de datos en la región, la plataforma Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales. El documento, que reúne los principales estándares, avances legislativos y desafíos regulatorios de múltiples jurisdicciones latinoamericanas, demuestra que la privacidad, el cumplimiento y la competitividad no están en esferas separadas, sino que complementan como pilares de una gestión empresarial sostenible y responsable.

Según el informe, el reto de las empresas que operan en América Latina es transversal: traducir el cumplimiento normativo en valor de negocio y hacerlo parte del ADN organizacional.

“La guía nació como respuesta a las necesidades de los equipos legales y de cumplimiento, y fue creada por firmas líderes de la región que forman parte de la red Compliance Latam. El disparador inicial fue identificar los avances normativos en materia de protección de datos para luego brindar una mirada integral en cada una de las jurisdicciones. Esto lo hicimos con el mismo espíritu que convoca a la red: crear valor para nuestros clientes mediante la colaboración activa de todos los integrantes”, comparte Rodrigo Albagli, socio del despacho chileno Albagli Zaliasnik.

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Estándares desiguales, enforcement debilitado y un denominador común: llevar la privacidad al corazón de la cultura organizacional

Pese a las diferencias institucionales entre los países estudiados, hay un denominador común en el que todos coinciden: la protección de la privacidad como un derecho fundamental.

“En todas las jurisdicciones se reconoce que los datos personales deben ser tratados de acuerdo con principios clave como legalidad, transparencia, minimización de datos y confidencialidad. Asimismo, reconocen la importancia de los derechos de los titulares, como el , rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Estos principios buscan garantizar que el tratamiento de datos sea siempre adecuado, relevante y proporcional al propósito para el que fueron recolectados y que los individuos tengan control sobre sus propios datos”, señala Marlyn Narkis, socia del despacho panameño MDU Legal.

Ahora bien, podría decirse que la principal brecha no está en el diseño de las leyes, sino en su implementación.

Yoab Bitran, director del grupo de Compliance de Albagli Zaliasnik, advierte que la región arrastra un problema estructural: falta de enforcement.

“Si bien varios países cuentan con nuevas regulaciones en línea con mejores estándares globales, tenemos muy pocos casos y muy pocas sanciones. Lo que genera cambios es la aplicación más que la promulgación; sin aplicación, no hay cambio real”, remarca el experto.

En ese sentido, destaca que la institucionalidad es un activo que diferencia a países como Chile, Uruguay o Costa Rica, que muestran mayor previsibilidad jurídica.

“Por regla general, el compliance solo puede avanzar cuando existe Estado de derecho, institucionalidad y libertad. Por lo tanto, existe una correlación tácita: aquellos países que tienen mayores dificultades en estas materias, son los que están más atrasados en términos de compliance”, explica.

En el caso puntual de Chile, el abogado reconoce que el avance normativo es un modelo para toda la región, pero que el país trasandino no escapa a la realidad de otros países en cuanto a su aplicación.

“Las propias autoridades encargadas de fiscalizar y perseguir infracciones o delitos han solicitado mayores recursos, tanto humanos como económicos, para poder llevar a cabo su labor. En cuanto a institucionalidad y entorno de negocios, Chile sigue manteniendo cierto nivel de liderazgo regional y continúa liderando en la mayoría de los rankings”, comenta Bitran.

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Compliance más allá de las fronteras

Según Marcelo Coimbra, socio fundador del despacho brasileño FCR Law, la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales permite anticipar riesgos, tomar decisiones fundamentadas y adaptar políticas de compliance a múltiples jurisdicciones.

“Para las compañías con operaciones transnacionales, contar con esta referencia comparativa facilita no solo la expansión, sino también una gestión proactiva del cumplimiento normativo en un entorno legal desafiante y diverso. La expansión regional solo es viable si hay gestión proactiva del cumplimiento, y esa es la base de la seguridad jurídica que exigen los inversores y las empresas globales”, afirma.

Leon Weinstok, director del despacho costarricense BLP, añade que “el desafío es lograr un modelo eficiente de protección de datos que respete los derechos de las personas, que dialogue con estándares internacionales y que sea aplicable a la realidad operativa de cada país”.

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Cultura organizacional, la gran aliada

Los de la red Compliance Latam coinciden en que el verdadero desafío no es legal, sino cultural. Entonces, ¿cuál es el rol de las firmas legales a la hora de acompañar la implementación de programas de cumplimiento?

Esteban Dávila, asociado sénior del despacho ecuatoriano Bustamante Fabara, sostiene que el rol de los despachos jurídicos debe ser estratégico, no solo normativo.

“Nuestra función es traducir la protección de datos en reputación, competitividad y confianza. Por eso, debemos enfocarnos en traducir normas en valor empresarial, impulsar el liderazgo desde la alta dirección, diseñar un programa de gobernanza de datos pragmático y promover una cultura de datos”, considera.

Desde su experiencia, Dávila cree que los estudios jurídicos deben explicar cómo la protección de datos personales no sólo mitiga riesgos legales, sino que también fortalece la reputación y confianza del mercado, genera ventajas competitivas sostenibles y alinea la gestión de datos con objetivos comerciales.

“Los estudios jurídicos debemos sensibilizar y capacitar al C-level, posicionando la privacidad como un tema estratégico. Esto implica, por ejemplo, participar en comités de gobierno corporativo, presentar análisis de impacto legal alineados con KPIs del negocio y mostrar precedentes regulatorios que evidencien la responsabilidad directa de los altos ejecutivos”, recomienda.

Salvador Bartolomé, socio del despacho español Bartolomé & Briones, coincide en que las firmas legales tienen un rol clave como facilitadores y promotores de una cultura de cumplimiento normativo y de protección de datos dentro de las organizaciones.

Para el experto, el rol de los estudios jurídicos implica tender un puente entre lo real y lo legal: “La labor de las firmas legales no solo debe limitarse al asesoramiento legal, sino que debe tener en cuenta aspectos prácticos, organizativos y estratégicos propios de cada organización, necesarios a fin de asegurar que se cumpla con la normativa vigente, facilitando la aplicación práctica de las políticas de cumplimiento y protección de datos”.

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¿Por qué los datos personales ya no son un activo invisible?

En la economía digital, los datos personales son más que datos, son capital reputacional, riesgo regulatorio y ventaja competitiva.

“El compromiso de la alta dirección no es opcional, pero sigue siendo uno de los puntos más débiles del ecosistema empresarial en América Latina. Sensibilizar, formar y convencer al liderazgo ejecutivo es parte de la tarea de los equipos legales y de compliance”, refuerza Yoab Bitran.

Queda claro: si la privacidad no entra en la agenda estratégica, difícilmente logrará consolidarse como valor corporativo.

Para conocer más sobre este tema y acceder a la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, haz clic aquí.

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Brasil refuerza estrategias para consolidarse como principal mercado del gas natural en la región 6b564t

Sat, 17 May 2025 00:22:28 +0000

Brasil refuerza estrategias para consolidarse como principal mercado del gas natural en la región

Desarrollar la infraestructura para el aprovechamiento de la riqueza gasífera es la meta que se plantea el sector.

Jesús Hurtado Fri, 16/05/2025 - 20:22

Con un enorme potencial oculto, principalmente, en su lecho marino, el crecimiento experimentado en los últimos años por el sector gasífero brasileño ha sido exponencial y se prevé que mantenga ese ritmo, en atención a la estrategia gubernamental de convertirla en una de las más sólidas del mundo.

Esta situación, no obstante, impone una serie de importantes desafíos, en especial relacionados con las regulaciones y las fuertes inversiones necesarias para desarrollar todas las áreas del negocio, lo cual demanda la participación de un sector privado ávido de seguridad y garantía para sus capitales.

La promulgación de una nueva legislación, en 2021, y más recientemente de su regulación en 2024, han allanado el camino para que esta participación privada se concrete, pese a lo cual persisten problemas estructurales que ralentizan el despegue de una actividad vital para la octava economía del mundo.

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Crecimiento asegurado

Al cierre de 2024, las reservas probadas de gas de Brasil ascendieron a 546.020 millones de metros cúbicos, un 5,17 % por encima de lo estimado en 2023, según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP).

La estatal también señala que la producción de gas natural alcanzó en 2024 un promedio anual de 153 millones de metros cúbicos al día (Mm3/d), 2 % más que los 150 Mm3/d extraídos en 2023, mientras que las previsiones para este año rondan en torno a los 187 Mm3/d de gas natural, lo que supone un alza de 22 %.

“La industria del gas en Brasil es un mercado relevante, con enorme potencial de crecimiento. Contamos con producción, infraestructura instalada de tratamiento, regasificación, transporte y distribución, así como un gran mercado de consumo”, dice João de Almeida, socio de las áreas M&A y petróleo y gas en Demarest.

El importante impulso en la producción de gas se ha sustentado en un alza del consumo residencial por el crecimiento poblacional, una mayor utilización para la producción industrial y, en modo particular, para su utilización en la generación de energía pues, aunque el potencial hidroeléctrico de Brasil es incuestionable, los largos períodos de sequía han hecho volcar la atención hacia otras fuentes energéticas, entre ellas el gas.

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El impulso legal

Si bien varios gobiernos han apoyado a la industria brasileña de los hidrocarburos, sancionado leyes referidas al sector, el real impulso para el segmento gasífero llegó en 2021 con la promulgación de la Ley 14.134/2021 o Ley del Gas, instrumento jurídico que posibilitó el inicio de la necesaria apertura al capital privado.

De hecho, tras su promulgación se han visto importantes avances, siendo el más destacado el proceso de apertura de Petrobras, acometiendo desinversiones y privatizaciones de infraestructuras de transporte y distribución que estuvieron siempre bajo égida, permitiendo la entrada de nuevos actores al mercado.

Esto trajo como consecuencia un auge de la producción y la puesta en marcha de proyectos para el procesamiento tanto del gas producido en el país como importado, así como de una completa red de regasificación nacional que sigue ampliándose.

Otro impulsó llegó en 2024 con el Decreto 12.153/2024, regulación que profundizó la apertura en actividades como el transporte, el tratamiento, almacenamiento, licuefacción y comercialización del gas, apetecibles bocados para los empresarios locales y extranjeros interesados en probar las mieles de la abundancia carioca.

“La nueva ley del gas fue un gran avance. Aún queda pendiente una parte relevante, que es la reglamentación, especialmente por parte de la ANP… En los próximos años será necesario resolver algunas discusiones regulatorias relevantes, ya que es esencial que los inversores tengan seguridad jurídica”, dice Almeida.

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Cuellos de botella

Pese a todo este avance, persisten cuellos de botella que crean dudas respecto a que se mantenga el ritmo de crecimiento percibido hasta ahora en el sector. Entre los problemas destaca la evidente ralentización de la economía brasileña (que este año crecerá la mitad de lo alcanzado en 2024), un precio muy elevado respecto al vigente en otros países, e inversiones muy por debajo de las expectativas y necesidades.

Otro tema que preocupa a las empresas del área es el elevado volumen de gas que se destina a la reinyección de pozos petroleros, tomando en cuenta que cerca del 70 % de la oferta general (54 % del gas extraído en país y una parte significativa del importado) es revertido para mantener el flujo de crudo, reduciendo el volumen que podría ser comercializado tanto en el mercado interno como de exportación.

Algunos analistas señalan que esta situación obedece no solo a una estrategia para maximizar la extracción de petróleo, cuya rentabilidad es mucho mayor, sino a la falta de infraestructura para absorber la producción nacional, una tesis que entra en contradicción con aumento que han experimentado las importaciones de este recurso, que el año pasado crecieron alrededor de 7 % respecto al 2023.

En este sentido, João de Almeida señala que el empuje de la industria pasa por el desarrollo de infraestructura destinada al aprovechamiento del gas, entre ellos proyectos de generación de energía con consumo continuo, además de mejorar las condiciones tributarias que se ofrecen a las empresas del área.

Asegura además que, si bien el papel del gobierno es fundamental en lo que respecta a la parte regulatoria/legislativa, la ley y la regulación por sí solas no son suficientes para crear el deseado nuevo mercado del gas con liquidez y precios más asequibles para los consumidores finales (particularmente en el sector industrial), sino que es preciso realizar cuantiosas inversiones para desarrollar más infraestructura.

Al respecto, solo la estatal Petrobras anunció la inversión este 2025 de 600 millones de dólares al sector energético del gas, ello sin contar que en producción para exploración y producción de hidrocarburos invertirá USD 15.100 millones.

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Bolivia y Argentina dentro de la ecuación

Antes de que Brasil descubriera y comenzara a explotar los ricos yacimientos de petróleo y gas del presal costa afuera, Bolivia tenía en su gigantesco vecino el destino seguro para sus exportaciones de gas, enviando alrededor de 15 millones de metros cúbicos al día, cerca de la mitad de su producción total, a través de una robusta red de gasoductos. Pero esa realidad cambió.

El declive de la extracción boliviana y la irrupción de Argentina como nueva meca del gas en el cono sur, hizo que Brasilia desviara la mirada hacia los ricos yacimientos de Vaca Muerta que, pese a estar muy lejos de los grandes centros productivos brasileños, tiene en su competitivo precio el estímulo necesario para vencer este y otros obstáculos.

Es así como desde abril de 2025 y tras la reconversión de los ductos que por años abastecieron con gas boliviano a los argentinos, el hidrocarburo extraído en la patagónica provincia de Neuquén fluye hacia el país del altiplano, donde conecta con el sistema que durante décadas han llevado gas a Brasil, posibilitando una triangulación que permite alimentar los generadores cariocas ubicados a más de 2.800 kilómetros de distancia.

Esta reingeniería se sustenta en las nuevas normativas sectoriales, que permiten la entrada de privados en eslabones de la cadena comercial tradicionalmente manejados por Petrobras, y aunque la estatal petrolera mantiene su hegemonía, se espera que en el mediano y largo plazo su presencia disminuya.

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Exitosa triangulación

Ahora bien, si Brasil cuenta con una de las mayores reservas de gas de la región ¿por qué debe importar gas argentino? Todo es cuestión de costos.

De acuerdo con la ANP, más del 84 % del gas brasileño está asociado a la extracción petrolera del presal, yacimientos ubicados bajo gruesas capas de sal a 7.000 metros de profundidad en el lecho marino y a unas 200 millas de la costa, por lo que su extracción revista gran complejidad.

“Perforar en sal es muy difícil, mucho más que en roca sólida, y más si se trata de yacimientos en aguas profundas, donde el lecho está miles de metros por debajo del nivel del mar. Eso hace que la producción de gas en esos yacimientos sea muy costosa”, afirma Iván Rodríguez, ingeniero geodésico especializado en perforaciones petroleras offshore.

Se trata de una triangulación en la que todos ganan: Argentina, que mandará a su nuevo cliente mercado para dos millones de metros cúbicos diarios y prevé elevar la cifra a 30 Mm3/d para 2030; Brasil, porque comprará gas a un costo 50 % por debajo del precio promedio actual de USD 14 por BTU; y Bolivia, que obtendrá nos USD 200 millones por alquilar una red de gasoductos actualmente subutilizados.

“El desafío de utilizar las reservas brasileñas está relacionado con la infraestructura necesaria para su exploración. A menudo el coste que supone su implantación no hace viables estos proyectos. En otros casos, la burocracia, el riesgo país, los problemas de licencias y la incertidumbre jurídica terminan ahuyentando las inversiones o haciendo que su implementación sea muy laboriosa”, dice Almeida.

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Futuro prometedor

Si aun con los inconvenientes estructurales que enfrenta la industria gasífera brasileña está viviendo momentos de pleno auge, los expertos no dudan en considerar que su futuro está más que asegurado.

“Creo que el gas será el camino hacia la transición energética en Brasil. Como ocurre con muchos otros sectores, nos llevará mucho más tiempo lograr un desarrollo amplio. En cualquier caso, existe la conciencia de que la inversión en gas es un camino sin retorno y habrá que encontrar soluciones para que el mercado se desarrolle”, ratifica el abogado.

No obstante, para garantizar el éxito a la hora de involucrarse en un proyecto, el vocero de Demarest precisa que los actores actuales o potenciales deben prestar especial atención a los aspectos contractuales y regulatorios del negocio, así como identificar claramente la asignación de riesgos en los proyectos y tener claridad sobre lo establecido al respecto en la reforma tributaria.

“Éste es un momento de oportunidades, y quienes sepan anticiparse y posicionarse hoy probablemente se beneficiarán de mejores oportunidades en el futuro”.

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Asociaciones público 6x4j2d privadas en Paraguay, ¿cuáles son los esquemas que marcarán la nueva etapa de inversión?

Fri, 16 May 2025 14:24:08 +0000

Asociaciones público-privadas en Paraguay, ¿cuáles son los esquemas que marcarán la nueva etapa de inversión?

A una década de la primera ley de participación público-privada, Paraguay reforma su régimen de APP con una normativa que apunta a corregir errores del pasado, destrabar proyectos y atraer inversión en sectores estratégicos como infraestructura vial, transporte, salud y educación.

Rocío Mellas Fri, 16/05/2025 - 10:24

Cuando Paraguay sancionó la Ley 5102, que dio origen al régimen de Participación Público-Privada (APP) en 2013, el sector privado celebró la apertura de un nuevo camino para el desarrollo de infraestructura nacional. Pero el entusiasmo inicial pronto se topó con la realidad: una institucionalidad fragmentada, procesos burocráticos extensos y contratos rígidos que pusieron a prueba la capacidad del modelo para escalar.

Una década después, y con apenas un gran proyecto adjudicado bajo el paraguas de la ley original —la duplicación de la Ruta 2 y 7, una obra vial de más de USD 550 millones de CAPEX—, el país apuesta por relanzar el modelo con la flamante Ley 7452/2025.

“Si bien la Ley 5102 generó avances importantes y aprendizajes valiosos, también trajo aparejados algunos desafíos que explican, en parte, por qué fue necesario actualizar el marco normativo con la reciente Ley 7452/2025, que derogó el régimen anterior y lo reemplazó incorporando mecanismos de simplificación, incremento del espacio fiscal para PPP y mejoras en el régimen de iniciativas privadas”, señala Martín Carlevaro, socio de Berkemeyer.

Para el experto en Infraestructura, el régimen de APP fue un punto de partida fundamental, pero dejó al descubierto varios cuellos de botella: procesos istrativos extensos, institucionalidad débil y dificultades para armonizar criterios entre las distintas entidades públicas involucradas.

“A pesar de que Paraguay es un país fértil para las APP, en más de 10 años solo se adjudicó un proyecto”, indica.

En este sentido, el socio del despacho paraguayo considera que la nueva norma introduce mejoras clave que podrían marcar el inicio de una etapa más dinámica y atractiva para inversores.

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Una nueva generación de proyectos

Para Carlevaro las lecciones de los últimos diez años son claras: los proyectos APP que funcionaron han sido aquellos capaces de garantizar ingresos estables, predecibles y sostenibles para repagar la inversión privada, con un diseño técnico robusto y una alta visibilidad social.

“Las experiencias más sólidas han venido del sector vial, donde la rentabilidad social es tangible: menos accidentes, tiempos de traslado más cortos y mayor conexión entre centros productivos. A su vez, a través de mecanismos como peajes o pagos por disponibilidad, permiten estructurar fuentes de repago”, explica.

El modelo APP, junto con esquemas como el llave en mano, ha mostrado su utilidad en obras donde el contratista asume el diseño, construcción y financiamiento, y el Estado paga en plazos diferidos.

Hoy, la nueva ley busca ampliar ese universo de posibilidades, incorporando mecanismos como el diálogo competitivo, mejoras en los incentivos a las iniciativas privadas, y un aumento en el límite fiscal para compromisos de largo plazo, que pasa del 2 % al 4 % del PIB.

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Marco más claro, relación más madura

“Si bien la naturaleza jurídica de una APP es la concesión de obras y servicios públicos, en Paraguay, como en otros países, están en vigencia leyes de concesión (ley 1618) y de APP (ley 7452) con algunas características y matices diferentes”, contextualiza el socio de Berkemeyer.

Uno de los principales desafíos jurídicos del régimen anterior fue la confusión normativa: coexistían leyes con criterios distintos, entidades con atribuciones solapadas y procedimientos poco claros que dificultaban el avance de los proyectos.

"En muchos casos, se discutía si una APP era o no una concesión según la Constitución, lo que abría la puerta a cuestionamientos parlamentarios. Bajo la ley anterior existían demasiados organismos dictaminantes con algunos solapamientos entre las funciones del ex Ministerio de Hacienda y la Unidad de PPP dependiente de la ex Secretaría Técnica de Planificación (STP). A", señala Carlevaro.

La reforma busca dar coherencia institucional, consolidando competencias en el Ministerio de Economía y Finanzas, que asume el rol de la antigua Unidad PPP. Además, el nuevo régimen contempla ajustes contractuales más ágiles para renegociaciones ante casos fortuitos o fuerza mayor, cambios unilaterales de la contratante, cambios macroeconómicos e incluso condiciones no previstas, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 en toda la región.

Todo esto responde a una necesidad crítica: blindar jurídicamente las inversiones de largo plazo frente a eventos de fuerza mayor o decisiones unilaterales del Estado.

“La relación entre el sector público y el sector privado ha evolucionado positivamente. Al principio, había desconfianza mutua: el sector público temía dejar en manos de privados la operación de activos públicos por largo plazo, y el sector privado dudaba de la capacidad del Estado para cumplir compromisos de largo plazo. Hoy, esa percepción ha cambiado. Hay más conocimiento, más diálogo técnico, y una mayor comprensión de que las APP no son privatizaciones, sino alianzas estratégicas donde cada parte asume riesgos y responsabilidades según su mejor capacidad”, describe el experto en Infraestructura.

Para el abogado, la experiencia del proyecto vial PY02 mostró que el Estado puede fiscalizar de forma efectiva el cumplimiento de obras y servicios, mientras que el privado puede financiar, diseñar y construir de manera eficiente.

“Lo que faltaría es una mayor profesionalización de la relación contractual: formación de equipos técnicos estables, continuidad institucional y plataformas de coordinación público-privada”, opina.

Por si no lo has leído: Decreto N° 1467/24 de Paraguay: La contratación de proyectos de infraestructura luego de los cambios a la Ley de APP

¿Qué ajustes de la nueva Ley de APP podrían impulsar una nueva ola de proyectos en Paraguay?

Martín Carlevaro cree que La Ley 5102/13 fue un gran avance para su época, pero que con el tiempo mostró limitaciones que la nueva Ley 7452/2025 busca subsanar. Entre los cambios más relevantes, el socio de Berkemeyer destaca:

Ampliación del espacio fiscal. “El límite para compromisos de largo plazo (firmes y contingentes) en proyectos PPP se incrementa del 2% al 4% del PIB, permitiendo un mayor compromiso de recursos estatales en la ejecución de nuevos proyectos.”
Mayor tope en las iniciativas privadas. “La ampliación del tope de participación estatal en proyectos originados por iniciativa privada pasa del 10% al 25% del costo total del proyecto. Esta modificación busca incentivar a los inversores privados a participar en proyectos de infraestructura que podrían no ser autofinanciables, abriendo así nuevas oportunidades para mejorar la infraestructura nacional.”
Derecho de tanteo para los proponentes de iniciativas privadas. “Ahora podrán igualar la mejor oferta durante la evaluación de ofertas en la licitación del proyecto.”
Mayor claridad en los plazos y procedimientos. “Esto no solo simplifica pasos, sino que además mejora los criterios de evaluación, priorizando el valor por dinero.”
Introducción de la etapa de Diálogo Competitivo. “Los precalificados podrán realizar consultas y propuestas de mejoras, respecto de borradores de Pliego de Bases y Condiciones y del Contrato PPP, atendiendo a las mejores prácticas de los Proyectos PPP.”

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Paraguay, la perla del Sur

¿Por qué Paraguay ofrece condiciones competitivas frente a otros países de la región? Martín Carlevaro destaca seis ventajas:

Estabilidad política, macroeconómica y monetaria, con una inflación controlada y una moneda fuerte, sin grandes vaivenes cuando cambia el gobierno de turno.
Seguridad jurídica: se respetan los compromisos asumidos.
Carga tributaria baja, en comparación con otros países de la región.
Alto déficit en infraestructura con un insuficiente espacio fiscal, lo que genera un mercado natural insatisfecho con espacio para inversión privada.
Marco legal específico, ahora actualizado con la Ley 7452/2025, que ofrece reglas del juego modernas y probadas en la región.
Grado de inversión, otorgado en el año 2024 por la calificadora Moodys.

“El gran desafío de Paraguay es invertir más y mejor en la etapa de pre-inversión, a fin de licitar proyectos serios con estudios de factibilidad sólidos y, en lo posible, que generen suficientes ingresos predecibles para el repago total o parcial de la inversión, sin necesidad de aportes fijos o subsidios al CAPEX”, analiza.

Contenido relacionado: ¿Cómo funcionan las asociaciones público-populares de Petro? Las personas ya pueden contratar con el Estado

Sectores listos para despegar, la gran apuesta del país como vehículo de desarrollo

Si bien el foco natural del régimen de las APPs sigue siendo la red vial -el país cuenta con más de 2.000 km de rutas pendientes de modernización-, hay otras áreas que de a poco empiezan a ganar protagonismo en la agenda:

Aeropuertos, con potencial de autofinanciamiento.
Transporte ferroviario de pasajeros o de carga, como el tren de cercanías que unirá Ypacarai – Luque – Asunción y la modernización del aeropuerto de Asunción, que se trataría de un proyecto autofinanciable a través de los ingresos que se generen por la operatoria del propio aeropuerto y sin necesidad de aportes o subsidios Estatales.
Educación técnica y salud pública, con colegios técnicos y hospitales regionales bajo esquemas de pagos por disponibilidad con incentivos por resultados (cumplimiento de KPIs).
Gestión de residuos, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios y logística de reciclaje, con soluciones integradas y trazabilidad ambiental.
Agua y saneamiento, con alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras.
Transporte público urbano e interurbano, con buses eléctricos, sistemas de pago inteligente y carriles exclusivos.

“El desafío, en este sentido, será la priorización de proyectos buscando licitar primero los que mayor rentabilidad (VAN) social tengan atento a que los recursos del fisco son limitados y la gran mayoría de estos proyectos precisarán aportes estatales ya sea para auxiliar la inversión inicial (CAPEZ) o bien para remunerar la operación (OPEX)”, subraya Carlevaro.

Porque te intereso este tema, te recomendamos: Paraguay emite deuda por cerca de USD 1.200 millones de dólares

El rol del sector legal para que las APPs funcionen mejor y generen mayor impacto

En el ecosistema de las asociaciones público-privadas, el rol de los abogados no se limita a redactar contratos: se trata de un engranaje clave en la estructuración jurídica del proyecto, en la asignación de riesgos, en el cierre financiero y en la relación entre las partes.

"Los contratos PPP o de concesión no son un mero documento, sino una modalidad de contratación y colaboración entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos, estructuradas como una red compleja de relaciones jurídicas que vinculan a diversos stakeholders —incluidos organismos públicos, inversores, financiadores, contratistas, s y reguladores—, en torno a un proyecto común, con una distribución equilibrada de riesgos, obligaciones y beneficios. En esta relación a largo plazo, que requiere confianza, reglas claras y visión compartida, el derecho tiene un rol fundamental y se convierte en una herramienta que facilita esa ingeniería contractual”, concluye Carlevaro.

Según el socio de Berkemeyer, para que las APPs en Paraguay despeguen, no solo hará falta inversión y voluntad política, sino también confianza, equipos técnicos estables y una narrativa clara: no se trata de privatizar, sino de construir un país más conectado, competitivo y resiliente.

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Ley de Emisión de Activos Digitales abre nuevos caminos de financiamiento en El Salvador 4n5k50

Wed, 30 Apr 2025 19:44:11 +0000

Ley de Emisión de Activos Digitales abre nuevos caminos de financiamiento en El Salvador

La agroindustria y el inmobiliario son los primeros sectores de la economía salvadoreña que han incursionado en el mundo de las finanzas digitales al amparo de la LEAD.

Jesús Hurtado Wed, 30/04/2025 - 15:44

Cuando en su primer mandato el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planteó hacer de la pequeña nación centroamericana un punto de referencia en materia de finanzas digitales, los comentarios adversos no se hicieron esperar, algo que era lógico pensar al tomar en cuenta que su propuesta involucra a un país donde más del 70 % de la población no estaba bancarizada.

Pese a ello, el gobierno mantuvo su apuesta y promovió algunas de las leyes más avanzadas que se hayan aprobado en esta parte del mundo para incentivar el uso de la tecnología en el quehacer económico, con lo cual se abrió espacio para el desarrollo de inéditas formas de inversión y financiamiento que, con el paso del tiempo, parece que comienzan a consolidarse.

“El gobierno ha apostado a la competitividad y la innovación, y para ello ha promovido leyes que fomentan el desarrollo de nuevas tecnologías… Esto ha generado otro tipo de inversiones en el país, donde ya estamos viendo algunas transacciones”, afirma Roberta Gallardo, socia de la oficina en El Salvador del bufete centroamericano Arias.

Debes enterarte: Tecnologías, negocios digitales y activos virtuales, las prioridades de la agenda legislativa 2025 de El Salvador

Con visión de futuro

Punta de lanza de esa transformación del hecho financiero en El Salvador es la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), propuesta por el gobernante en 2022 y aprobada por el Parlamento pocos meses después, con la cual se busca consolidar y proteger los derechos de los emisores y compradores de activos digitales.

Presentada inicialmente como sustento para la venta de bonos destinados a la construcción de la hipotética Bitcoin City, la LEAD establece el marco legal para las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales utilizados en la emisión de ofertas públicas, así como regula los requisitos y obligaciones de los emisores, proveedores de servicios y otros participantes que operen dentro del proceso de ofertas públicas.

Entre otras ventajas, la normativa permite reducir los costos del financiamiento, lo que posibilita el a recursos que suelen ser prohibitivos para muchas pequeñas empresas y emprendimientos, al tiempo de democratizar la participación de financistas no tradicionales y pequeños nuevos inversores.

Además, la ley ofrece importantes beneficios fiscales, entre ellos exenciones en el pago de tributos e impuestos sobre el valor nominal y los rendimientos de los activos involucrados, sobre la ganancia de capital o renta ordinaria obtenida. Entre otros, los emisores, certificadores y proveedores de servicios de activos digitales registrados están exentos del IVA, Renta, impuestos municipales o cualquier otro tributo; beneficios que también se aplican a los socios de las compañías involucradas.

Esto te interesa: ¿Cómo Argentina, El Salvador y Perú intentan regular a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)?

Primeros frutos

Un año después de haber sido aprobada, la LEAD dio sus primeros frutos. A finales de 2023, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) autorizó la primera oferta pública de este tipo de activos: el $ESOY, un token emitido por la corporación agroindustrial eGrains respaldado por los derechos económicos resultantes del comercio de un bushel (medida de 14,5 kilos) de soja. La emisión se hizo por 100 millones de dólares.

Los alcances de la normativa han seguido expandiéndose a otros sectores económicos y recientemente fue inaugurado un complejo de bodegas industriales cuya construcción estuvo en parte apalancada en activos digitales emitidos por la promotora inmobiliaria que respaldó la obra.

Roberta Gallardo recuerda que esto ha sido posible gracias a que nuevos actores en la vida económica nacional dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías, se han acogido a la Ley de Emisión de Activos Digitales y han recibido los beneficios que esta normativa brinda, creando condiciones idóneas para el aterrizaje de capitales que de otra manera no entrarían al país.

El promotor inmobiliario Burgo de Osma y la fintech MIO3 son las primeras empresas salvadoreñas en ampararse bajo la LEAD, que ha servido de paraguas al momento de “tokenizar” el levantamiento de capital necesario para construir el complejo de bodegas Cobodosa, ubicado en el distrito de Zaragoza, en la zona de influencia de Surf City, el proyecto turístico lanzado por el gobierno para atraer a practicantes de este deporte acuático.

Esto es de tu interés: Fintech: Las tres leyes que impulsaron la 'fintechización' en El Salvador

El proceso

Echando mano de la tecnología financiera, los ejecutores de la obra obtuvieron, a través de la colocación de los tokens, un tercio de los 21 millones de dólares que demandó la construcción de los 10 locales industriales, vendidos igualmente a través de plataformas digitales.

"La adopción de activos digitales ha fortalecido la confianza que inversionistas y compradores tienen en el mercado inmobiliario", dijo en su momento Julio Valdés, CEO de MIO3, fintech encargada de viabilizar el proyecto.

Esta innovadora fuente de financiamiento permitió a los desarrolladores conseguir en tiempo récord los fondos necesarios, pues en apenas un año se acometió la estructuración de la inversión en tokens y la construcción del complejo industrial, que ya estaba vendido antes de culminar las obras.

Para ello, MIO3 creó un activo digital atado a la propiedad del terreno donde se construirían las bodegas, se puso en venta a interesados de todo el mundo, pero, en este caso, en una oferta cerrada que fue captada por dos fondos de inversión internacionales. De esta manera, se evitó acudir a un banco o entidad financiera para conseguir los fondos o como entidades de respaldo en una hipotética emisión de deuda.

Además de un título de propiedad emitido por el Centro Nacional de Registros, los compradores de cada bodega, cuentan con un activo digital inscrito en la blockchain, lo que, de acuerdo con los promotores, hará mucho más sencillo y rápido una posible venta o el traspaso de la propiedad, que igualmente puede ser rentabilizada a través de procesos basados en la plataforma digital.

Te sugerimos: Crecimiento del sector fintech en El Salvador: Cuando el marco regulatorio hace la diferencia

La ventaja fiscal

Además de la rapidez en la consecución de recursos para agilizar la construcción del proyecto, acogerse a la LEAD ofrece prebendas fiscales más que apetecibles, al exonerar del pago de tributos e impuestos durante todo el proceso y a todos los involucrados.

De hecho, acogerse a esta variante del fondeo evita pagar el 30 % de las ganancias que por ley debe ser cancelado como Impuesto sobre la Renta, el 5 % del IVA y todos los restantes impuestos y gravámenes que deben pagarse a lo largo de todo el proceso, por lo que en teoría estos pagos no incidirán en el encarecimiento de los inmuebles en venta.

Y no hay que olvidar que todas esas exenciones son extensibles a los dueños y socios de las empresas involucradas.

Nota relacionada: El Salvador elimina el IR para inversionistas, ¿cómo aprovecharlo siendo extranjero?

Vienen por más

Ante el éxito alcanzado por ese pionero proyecto inmobiliario ejecutado al amparo de la LEAD, otros inversionistas han comenzado a voltear su mirada hacia el fondeo digital, entre ellos una promotora que está ofreciendo sus tokens para la construcción del primer conjunto residencial en Centroamérica financiado con activos digitales.

Para levantar el complejo de 297 apartamentos que estará ubicado en Sayapango, una ciudad satélite cercana a la capital San Salvador, la constructora Calidad Inmobiliaria buscará los fondos de la mano de MIO3, que nuevamente asumirá el reto de estructurar la financiación sobre la plataforma blockchain.

Por otra parte, bajo el amparo de la LEAD, recientemente la CNA emitió la autorización al Banco Atlántida para operar activos digitales en El Salvador, con lo cual la institución financiera originaria de Honduras abre un nuevo capítulo para la estructuración de fondeo accesible a cualquier sector de la economía, al ofrecer a sus clientes la posibilidad de emitir activos digitales para apalancar sus proyectos.

De acuerdo con información suministrada por voceros del banco, la institución ha creado un completo ecosistema de servicios digitales para encargarse no solo de la emisión de activos, sino de comercializarlas a través de una exchange que permite el intercambio de tokens, además de servir de custodio.

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Chile es pionero en el desarrollo de la sostenibilidad tributaria 2l4f4r ¿cómo deben adaptarse las empresas?

Tue, 22 Apr 2025 16:19:06 +0000

Chile es pionero en el desarrollo de la sostenibilidad tributaria, ¿cómo deben adaptarse las empresas?

El país se convierte en pionero en la región en impulsar la adopción de buenas prácticas en materia de impuestos.

Ingrid Rojas Tue, 22/04/2025 - 12:19

En octubre de 2024, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en incorporar a su legislación el concepto de sostenibilidad tributaria. Con la Ley 21.713 o Ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias, se reformó el Código Tributario para incorporar el artículo 8°, número 18, que define la sostenibilidad tributaria como el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y la transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Desde entonces, la autoridad tributaria chilena —el Servicio de Impuestos Internos (SII)— ha dado pasos para implementar este cambio, con el objetivo de reducir la evasión y elusión fiscales, y se espera que emita una resolución con la que indique los requisitos y la forma en que se va a dar el proceso de certificación de empresas sostenibles (tributariamente), en función de ciertos indicadores.

Desde antes de aprobarse esta reforma, el organismo, a través de un convenio de colaboración, trabajó con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el diseño de un modelo de análisis que considerara indicadores de sostenibilidad tributaria. Su resultado fue el Formulario de Responsabilidad Social Tributaria (Formulario de RST), que está diseñado a partir de la experiencia de los denominados Grupos Empresariales (GE). Este se encuentra disponible desde mediados de mayo de 2024.

Te sugerimos leer: Ley 21.713: La estrategia de Chile para ampliar la cantidad de contribuyentes con su nueva Ley de cumplimiento tributario

El trabajo de la istración chilena, como pionera en la región en materia de sostenibilidad tributaria, demuestra la importancia del tema, no solo para el servicio de Impuestos Internos, sino también para las empresas que hacen vida en el país.

“Hoy, la sostenibilidad tributaria es importante y no solo se trata de cuánto pagan las empresas, sino de cómo tributan y, por lo tanto, cómo este acto de pago de impuestos se traduce en valor sostenible. Con esto, se ve más el rol social que tienen las organizaciones y no solo la maximización de utilidades o el reporte de beneficios a sus accionistas, como era antes. Es importante el papel que juegan las empresas en nuestra sociedad”, comenta Andrea Bobadilla, directora de Grupo Tax de Albagli Zaliasnik (AZ).

No pierdas de vista: Leyes de delitos económicos, Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

Antecedentes

A pesar de que el concepto es nuevo en la legislación chilena, la sostenibilidad tributaria no resulta ajena para las empresas del país, sobre todo para aquellas cuyas acciones son parte del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) de la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal índice bursátil de Chile, pues, desde hace un tiempo, elaboran sus reportes tomando como referencia ciertos estándares internacionales.

Una investigación sobre transparencia fiscal en países de América Latina, hecha por un grupo de académicos encabezados por Antonio Faúndez, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, publicada el año pasado, revela que desde hace un tiempo las empresas que cotizan en el mercado, han estado implementando buenas prácticas fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en gran medida guiándose por estándares como el Dow Jones Sustainability Index, de 1999, y Global Reporting Initiative, de 2021, por mencionar algunos.

La investigación, además, reveló cómo creció, entre 2020 y 2022, la cantidad de empresas IPSA que divulgaban sus estrategias tributarias, desde 28 % hasta 75 %.

La abogada de AZ hace referencia a la normativa GRI 207, que es usada por empresas en Chile para hacer sus declaraciones; se incluyen aspectos como la existencia de una estrategia fiscal, la gestión de riesgos y la contribución tributaria total por país, entre otras.

Interés creciente

Aún con la experiencia que han desarrollado algunas empresas en la adopción de buenas prácticas tributarias, ha crecido la cantidad de consultas que recibe la firma sobre esta materia, especialmente de grandes empresas, incluyendo a aquellas que tienen presencia global, menciona Bobadilla.

De acuerdo con la abogada esta nueva normativa es una invitación para todos los contribuyentes, incluyendo medianas y pequeñas empresas, pues, aunque se está a la espera de una resolución precisa de cómo actuar, ya hay implementaciones que las empresas deben atender, como contar con una matriz de riesgo tributaria, en la que definan los riesgos, las contingencias y el cumplimiento de sus obligaciones para que, con base en un orden interno, puedan ir de la mano de la autoridad tributaria en esta materia.

La implementación de la reforma será un desafío tanto para la autoridad tributaria internamente, para sus equipos de fiscalizadores, como para las empresas, que este proceso resulte.

“Aunque hoy es una herramienta, que se implemente de buena forma y que en el fondo tenga los beneficios esperados para ambas partes, va a ser una cuestión de tiempo, de poder medir”.

Echa un vistazo: Inversión sostenible: Las oportunidades de financiamiento en Chile, Argentina y Colombia

Certificación

De acuerdo con lo establecido en la legislación chilena, para que una empresa sea sostenible tributariamente debe certificarse cada año, a través de compañías certificadoras independientes, cuyos nombres serán publicados próximamente en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

A través de este proceso las empresas podrán acreditar que sus operaciones y estrategias fiscales están alineadas con la sostenibilidad tributaria.

Además, se plantea otro mecanismo de certificación, como la suscripción de acuerdos de cooperación entre el SII y dos o más sociedades de un mismo grupo empresarial, una disposición plasmada en la Circular N° 06, publicada por el organismo en enero de este año y en la que se hace referencia a grupos empresariales y al procedimiento de fiscalización unificado. La abogada resalta que los citados acuerdos de cooperación tendrán el mismo efecto que la certificación anual.

La certificación es un proceso voluntario. De hecho, Bobadilla explica que para las empresas que no se certifiquen no se contemplan sanciones. Sin embargo, advierte que hay que tener en consideración que, a raíz de la Ley N° 21.713, que configura la más reciente reforma tributaria de Chile, se fortalecen las facultades del Servicio de Impuestos Internos, incluyendo las de fiscalización, por lo que hoy es clave la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones.

“Entonces, si bien no viene una sanción, en el fondo si un contribuyente no se sube al tren de la sostenibilidad tributaria, pudiera ser más fiscalizado por el Servicio Impuestos Internos o que no tenga beneficios concretos de empresas que sí se certifiquen en sostenibilidad tributaria, como menores fiscalizaciones, una comunicación más fluida y, en definitiva, confianza entre el Estado y los contribuyentes”.

Más temas de Chile: Los nuevos métodos de recaudación: ¿Qué temas impulsan las autoridades fiscales de Brasil, Chile y México?

Activo estratégico

A criterio de Bobadilla, el tema de los impuestos pasa desde un área contable y tributaria a ser considerado un activo estratégico a nivel de gobernanza.

Se trata de un asunto que estará sobre la mesa, especialmente porque hasta el 30 de junio de este año está previsto que más de 22.000 grandes empresas o grandes contribuyentes respondan la Declaración Jurada 1913, sobre caracterización tributaria global, que contiene preguntas relacionadas con la sostenibilidad tributaria, incluyendo la implementación de algún estándar de buenas prácticas tributarias, los responsables encargados de asegurar dichas prácticas, la conformación del gobierno corporativo y el marco de control fiscal junto con la matriz de riesgos tributarios dentro del grupo empresarial, en caso de estar implementando la gobernanza fiscal, como refiere el SII.

“Estos temas van a ser bastante estratégicos dentro de las empresas, porque no solo, uno de los beneficios es con la autoridad tributaria, es decir, cómo en base a la transparencia y la colaboración, la empresa va a poder tener menos fiscalizaciones, una comunicación fluida, va a poder tener apoyo técnico de la autoridad tributaria o un canal más fluido de comunicación, pero esa es una dimensión”.

Refiere que la otra dimensión es posicionamiento y reputación, que —asegura— son hoy valores súper estratégicos, importantes dentro de las compañías, incluso se traducen en mejores condiciones en el mercado.

Para la directora del Grupo Tax de AZ, el efecto de esto es quizás como un activo intangible en beneficios, por ejemplo, cómo otros grupos de interés, inversionistas e instituciones bancarias, entre otros, ven en el mercado a las empresas sostenibles tributariamente.

ESG, uso de información y sostenibilidad tributaria

Bobadilla no cree que el hecho de que en algunos países se esté desconociendo la adopción de criterios ESG pueda afectar el avance de Chile en materia de sostenibilidad tributaria.

“Los criterios ESG son una dimensión, pero lo que lo que tiene la norma es que una empresa no puede ser sostenible si su dimensión fiscal, su comportamiento tributario, no es transparente, no es sostenible. Entonces, es como agregar un ingrediente más a todos los indicadores de sostenibilidad. Pero, en el fondo, no tienen relación entre sí".

Respecto a la certificación, han surgido dudas sobre el uso de la información que será entregada por los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos, especialmente de que sea utilizada para fiscalizaciones y otro tipo de procesos, incluso por parte de otros organismos del Estado chileno.

La abogada de AZ descarta esta posibilidad al señalar que la idea es que en la relación entre las empresas y la autoridad tributaria predomine la buena fe y transparencia y cooperación, de manera que pueda fluir la información de estas que es contable y tributaria.

“Lo que se espera es que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos, en cumplimiento de estos acuerdos, utilice bien la información y no haga mal uso de ella, ni la filtre, transfiera o traspase a otra entidad. Sin duda, en este marco de colaboración se espera que el servicio también cumpla su compromiso, que actúe de manera colaborativa”.

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Entra en vigencia la reforma energética en México 18452j ¿qué preocupa a los inversionistas y con qué opciones legales cuentan?

Wed, 16 Apr 2025 22:44:37 +0000

Entra en vigencia la reforma energética en México, ¿qué preocupa a los inversionistas y con qué opciones legales cuentan?

Aunque especialistas del sector legal advierten que, en particular, la Ley del Sector Eléctrico reduce el mercado, modifica las condiciones de inversión y genera ajustes en la competencia en contravención del T-MEC.

Ingrid Rojas Wed, 16/04/2025 - 18:44

La reforma energética, que acaba de concretarse en México, abre un nuevo capítulo para la industria, esto sucede más de una década después del plan impulsado en 2013 por Enrique Peña Nieto, con el que se abrió más espacio a la participación privada. Con esta reforma constitucional, según especialistas, se reduce el mercado justamente para el sector privado, se modifican las condiciones de inversión y se generan ajustes en la competencia en contravención del T-MEC.

Este 19 de marzo entraron en vigencia las normas Ley del Sector Eléctrico; Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; Ley de Planeación y Transición Energética; Ley de la Comisión Nacional de Energía; Ley de Geotermia, Ley de Biocombustibles; Ley del Sector Hidrocarburos y Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, luego de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Los reglamentos del cuerpo de leyes deberán estar listos en 180 días.

Además de las leyes mencionadas, fueron reformadas la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley Orgánica de la istración Pública Federal.

El paquete de leyes secundarias de la reforma constitucional fue presentado en enero pasado ante el Congreso de la Unión por la actual istración, a cargo de la presidenta Claudia Scheinbaum.

No dejes de leer: Seguridad jurídica en México: El rol del arbitraje comercial ante las reformas

Redefinición de roles en el sector eléctrico

Roberto Ríos Artigas, socio de la práctica de desarrollo y financiamiento de proyectos en energía e infraestructura en DLA Piper - México, sobre el contenido de la Ley del Sector Eléctrico, refiere que, si bien abrogó la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 y, en consecuencia, modificó en cierta medida el marco regulatorio del mercado eléctrico en México, no dista en demasía de la regulación eléctrica establecida desde hace 11 años.

La norma redefine el rol del Estado y del sector privado en el mercado eléctrico. Por un lado, fortalece el control estatal sobre la planeación, transmisión y distribución de electricidad, tomando en cuenta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retendrá al menos el 54 % de la energía inyectada a la red y la Secretaría de Energía (Sener) asumirá funciones regulatorias mediante la Comisión Nacional de Energía (CNE), que sustituirá a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Por el otro, permite al sector privado participar en generación, incluso mediante fuentes renovables, bajo esquemas como la generación para el mercado eléctrico mayorista, el autoconsumo, generación distribuida y a través de los “Esquemas para el Desarrollo de Mexico”; es decir, en proyectos de largo plazo, y proyectos de inversión mixta, estos últimos en los que CFE tendrá al menos el 54% de participación.

De allí que Ríos considera que la centralización de funciones en Sener y la participación necesaria de CFE en el 54 % de la generación de electricidad, puede implicar una reducción del espacio de mercado para los privados, modificar las condiciones de inversión y generar ajustes en la competencia del sector.

Otro aspecto a considerar es que, aunque los proyectos en marcha conservan sus permisos y contratos, pues la Ley del Sector Eléctrico respeta los títulos otorgados bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Industria Eléctrica, la asignación de nuevos permisos está sujeta al Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, lo que —advierte— introduce incertidumbre sobre la planificación y el crecimiento del mercado.

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Un concepto clave en la nueva Ley del Sector Eléctrico es prevalencia, que se introduce en el artículo 3, fracción XXXVII y se define como la preferencia del Estado respecto a los particulares en las actividades de generación y comercialización, ya que es la responsable de garantizar la confiabilidad, la seguridad, la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

Otro aspecto a destacar es que el despacho eléctrico se ajusta para garantizar el cumplimiento de la cuota de CFE, lo que, para el socio de DLA Piper - México, podría modificar las condiciones de operación para generadores privados.

Como último aspecto, menciona que la ley incorpora el concepto de justicia energética con el objetivo de ampliar el a la electricidad y fortalecer el desarrollo regional.

“En general, los inversionistas buscan claridad suficiente respecto de la regulación que dé certidumbre a su inversión. La prevalencia del Estado en el sector eléctrico cambia las condiciones de competencia para el sector privado”, expresa Ríos al agregar que el hecho de que la CFE tenga un rol predominante en la generación y comercialización, puede limitar hasta cierto punto el de inversionistas a nuevos contratos y reducir la competencia en el despacho de electricidad.

No pierdas de vista: ¿Cómo avanza la transición energética en Brasil, Chile, México y Ecuador?

Espacios y temores

El socio de DLA Piper - México comenta que al sector privado le preocupa que, al margen de la Ley del Sector Eléctrico, pudieran existir modificaciones adicionales a la legislación terciaria y al resto de la normativa del sector eléctrico que pudieran alterar el modelo de negocios con el que operan actualmente los proyectos, por lo que piensa que habrá que esperar a que se emita dicha legislación y normativa.

Otro aspecto que menciona es el relativo a que se mantengan espacios de participación privada en generación para el mercado mayorista, autoconsumo, y generación distribuida y que los proyectos de largo plazo e inversión mixta permitan a los inversionistas desarrollar proyectos en asociación con CFE. Respecto a esto último, piensa que la participación de CFE en este tipo de proyectos pudiera también tener las ventajas inherentes a invertir con un miembro clave del sector y pueden ser interesantes para los inversionistas al dotar de certidumbre regulatoria.

Respecto al esquema de autoconsumo, cree que el sector industrial pudiera verse favorecido por su implementación. Dicho esquema permite la producción de centrales eléctricaa con capacidad igual o mayor a 0.7 MW destinada a satisfacer las necesidades propias en sitio del titular del permiso. Estos proyectos con capacidad menor a 20 MW se benefician de un trámite simplificado para la obtención del permiso correspondiente, añade.

En cuanto a generación distribuida, resalta que la ampliación de la generación exenta de 0.5 MW a 0.7 MW, pudiera hacer más atractivos dichos proyectos.

"La necesidad de infraestructura de almacenamiento representa oportunidades para atraer capital en dicho campo en particular, siempre que la regulación secundaria brinde certeza. La planificación centralizada buscará facilitar la canalización de recursos, pero su éxito dependerá de mecanismos claros y previsibles que incentiven la participación del sector privado”.

Otra área de oportunidad estaría en el impulso a energías limpias y almacenamiento, siempre que la regulación terciaria brinde certeza sobre el al mercado y la estabilidad en los contratos.

Además, señala que la planificación centralizada podría generar proyectos estratégicos en los que el sector privado juegue un papel clave, especialmente en infraestructura crítica y expansión del sistema eléctrico.

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Energías renovables y transición energética

Ríos resalta que la Ley del Sector Eléctrico mantiene el impulso a las energías renovables y la transición energética y conserva los Certificados de Energías Limpias (CEL), lo que permite incentivar la generación a partir de fuentes renovables.

Sin embargo, señala que la preponderancia de CFE puede limitar la participación de privados en generación renovable, ya que las centrales de la estatal de electricidad podrían tener prioridad en la inyección de energía al sistema; por ejemplo, para alcanzar el 54 % de la energía inyectada a la red.

“El éxito de la transición energética dependerá de la estabilidad regulatoria y la claridad en los criterios de asignación de permisos, así como de los mecanismos que garanticen un equitativo al mercado para proyectos renovables privados”.

En ello es clave el mencionado Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico que la nueva Ley deja en manos de la SENER y que definirá los lineamientos para la expansión del sistema eléctrico y la emisión de permisos. Dicho organismo será el que autorice la ampliación o modernización de redes de transmisión y distribución, de acuerdo con el socio de DLA.

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En 2026, se someterá a revisión el tratado comercial suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá, suscrito en 2018 y vigente desde 2020.

Desde antes de ser aprobada, se ha venido advirtiendo que la reforma energética, que da preponderancia a las empresas estatales respecto a las privadas, infringe el T-MEC. Guillermo Parra, miembro del equipo de energía y arbitraje en DLA Piper - México, menciona los capítulos del acuerdo tripartito potencialmente en conflicto con la nueva regulación energética de México:

Capítulo 2 (Trato nacional y a mercados): El T-MEC obliga a dar a los bienes importados un trato no menos favorable que a los bienes nacionales similares. Estados Unidos ha señalado que las políticas energéticas mexicanas establecen condiciones menos favorables para energéticos de origen estadounidense respecto a los mexicanos. Un ejemplo es la prórroga exclusiva a Pemex de cinco años para cumplir estándares de contenido de azufre en diésel, lo que discrimina a otros proveedores de combustible que deben cumplir normas más estrictas. Esto podría violar el principio de trato nacional en el comercio de bienes del T-MEC.
Capítulo 14 (Inversión): Contiene protecciones para inversionistas extranjeros, incluyendo trato nacional y trato de nación más favorecida (Arts. 14.4 y 14.5) y la obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones, sin discriminación ni medidas arbitrarias (Art. 14.6). La priorización de la CFE sobre generadores privados podría violar el trato no discriminatorio comprometido en este capítulo, analizando cada caso en concreto. Asimismo, si las nuevas políticas afectan gravemente el valor de las inversiones (por ejemplo, reduciendo drásticamente sus ingresos o impidiendo su operación), los inversionistas podrían alegar una expropiación indirecta no compensada, prohibida por el T-MEC.
Capítulo 22 (Empresas propiedad del Estado y monopolios designados): Establece que las empresas estatales deben operar de manera comercial, transparente y sin discriminar a competidores privados. En particular, el Artículo 22.4.2 exige que los reguladores actúen imparcialmente frente a estas empresas. Medidas como eliminar la autonomía de reguladores (p. ej. la Comisión Reguladora de Energía (CRE) / Comisión Nacional de Energía (CNE) u otorgar ventajas exclusivas a CFE podrían infringir la imparcialidad y equidad que el capítulo 22 requiere. Favorecer a CFE en el despacho eléctrico va en contra del “piso parejo” que el T-MEC exige para empresas estatales vs. privadas.
Capítulo 24 (Medio ambiente): El T-MEC obliga a cada país a no debilitar la aplicación de sus leyes ambientales para fomentar el comercio o la inversión. Las políticas que relajan estándares ambientales o que desincentivan energías limpias podrían interpretarse como un retroceso en el nivel de protección ambiental. Si bien la disputa energética se ha planteado principalmente por violaciones comerciales, EE. UU. destacó que las medidas impugnadas “socavan objetivos climáticos” acordados. Esto sugiere un posible conflicto con los compromisos ambientales del tratado, aun si estos normalmente se resuelven en foros de cooperación ambiental más que en arbitrajes inversionista-Estado.

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Parra menciona como alegaciones posibles por parte de inversionistas extranjeros a la hora de presentar reclamos:

Discriminación y violación de trato nacional/MFN (most favored nation): Un inversionista podría argumentar que México otorgó un trato menos favorable a su inversión en comparación con inversionistas nacionales o de otros países, en posible violación de las cláusulas de Trato Nacional y Nación Más Favorecida (MFN) de los tratados aplicables. La priorización del despacho de plantas de CFE sobre generadores privados, la negación o retraso de permisos a inversionistas extranjeros en energías renovables, o la concesión de beneficios regulatorios exclusivos a ciertos actores podrían constituir un trato discriminatorio. Para que exista una violación a MFN, el inversionista debe demostrar que otro inversionista extranjero, en condiciones comparables, recibió un trato más favorable. De igual manera, si ciertos inversionistas nacionales o extranjeros reciben incentivos, condiciones regulatorias preferentes o exclusivo a determinadas oportunidades que se niegan a otros, se configuraría una discriminación entre inversionistas, lo que podría dar lugar a una reclamación bajo el estándar de no discriminación en los tratados de inversión.
Expropiación indirecta: Una expropiación indirecta ocurre cuando un cambio regulatorio elimina o priva sustancialmente al inversionista del uso, control u operación de su inversión, destruyendo su valor económico. La revocación de un permiso, la imposibilidad de operar un activo o la reasignación forzosa de derechos adquiridos pueden configurarla si impiden de forma definitiva o sustancial la explotación de la inversión. La pérdida de ganancias o cambios en las condiciones de mercado no constituyen expropiación indirecta por sí solos, a menos que la medida genere un efecto equivalente a una confiscación. Tribunales arbitrales han determinado que la expropiación indirecta requiere una afectación severa que inutilice la inversión, diferenciándola de ajustes regulatorios que solo impactan la rentabilidad.
Violación del trato justo y equitativo (FET) (fair and equitable treatment): La obligación de dar trato justo, equitativo y de no menoscabar las expectativas legítimas del inversionista es central en tratados de inversión. Los inversionistas extranjeros podrían sostener que la reforma energética mexicana es arbitraria y contraria a las expectativas legítimas que tenían al invertir, basadas en el marco liberalizado de 2013. Cambios repentinos que minan la certidumbre jurídica, falta de transparencia en su implementación, o decisiones istrativas discriminatorias (denegación de permisos, revocación de contratos) pueden constituir violaciones a FET. Por ejemplo, empresas de energías renovables podrían alegar que invirtieron confiando en reglas de libre competencia y abierto a la red; la alteración de esas reglas para favorecer a CFE atenta contra la estabilidad y previsibilidad que esperan según estándares internacionales nacionales o extranjeros reciben incentivos, condiciones regulatorias preferentes o exclusivo a determinadas oportunidades que se niegan a otros, se configuraría una discriminación entre inversionistas, lo que podría dar lugar a una reclamación bajo el estándar de no discriminación en los tratados de inversión.

Más sobre México: Relaciones con Canadá y Estados Unidos: ¿Qué pasará si México aprueba la reforma para prohibir la minería a cielo abierto?

Medios de defensa

Si bien los actores privados tienen en el juicio de amparo un medio de defensa disponible a nivel nacional en contra de la Ley del Sector Eléctrico, con la reforma a la Ley de Amparo publicada en junio de 2024 se limitaron los efectos de la suspensión al establecer que en los juicios de amparo en los que se resuelva la inconstitucionalidad de normas generales.

“En este contexto, ante una potencial impugnación de la LSE, podría entenderse que los juzgadores de amparo, en caso de conceder la suspensión, únicamente lo podrían hacer respecto de la persona que promueve el amparo; lo cual, en ciertos casos, podría dar lugar a que la suspensión carezca de la efectividad deseada (por ejemplo, en casos de afectación al derecho a la competencia)”, advierte Parra.

Además de recurrir a recursos istrativos ante la Sener y la CNE, las empresas privadas pueden utilizar mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación y el arbitraje comercial, siempre y cuando cláusulas contractuales lo permitan.

Explica que en el ámbito internacional, las empresas con inversión extranjera pueden analizar la viabilidad de mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado bajo tratados de inversión suscritos por México, como el T-MEC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP), que permiten a inversionistas presentar reclamaciones en caso de que consideren que sus derechos han sido afectados por modificaciones regulatorias.

Para el especialista, las empresas pueden considerar estrategias preventivas como el seguimiento de cambios regulatorios, la participación en consultas públicas y la documentación de impactos operativos y económicos derivados de nuevas disposiciones, cuya aplicación dependerá de las condiciones específicas de cada caso y del marco normativo aplicable.

En lo que hace a la reforma al Poder Judicial, considera que, si bien ésta no afecta directamente la procedencia y tramitación de los mecanismos de defensa mencionados en cuanto a sus reglas procesales, entre las implicaciones políticas que podría tener se encuentra un Poder Judicial con un menor grado de independencia, lo cual podría impactar en los sentidos de las sentencias que dicten los jueces en asuntos de especial relevancia política, así como la falta de experiencia y conocimientos técnicos de los juzgadores en asuntos complejos que involucren industrias altamente reguladas.

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Pensar fuera de la caja 5o6i47 ¿qué sucede cuando el arte invade un despacho de abogados?

Fri, 11 Apr 2025 11:29:07 +0000

Pensar fuera de la caja, ¿qué sucede cuando el arte invade un despacho de abogados?

Dávalos Abogados incorporó obras cubanas al despacho boutique con tres objetivos: reflejar la identidad del estudio, potenciar la creatividad del equipo y lograr que los clientes se sientan en casa. ¿Cómo ha sido el proceso de curaduría y cuál es el impacto de la decisión en las operaciones de la firma?

Rocío Mellas Fri, 11/04/2025 - 07:29

El arte de la defensa es una obra en sí misma, requiere escucha atenta, estrategia y sensibilidad para interpretar contextos complejos. Para Lourdes Dávalos León, socia directora de Dávalos Abogados, esa mirada debe extenderse más allá de la práctica legal.

En el marco de una ambiciosa renovación que conjuga mecenazgo, identidad cultural y bienestar laboral, el despacho boutique cubano-español acaba de incorporar obras de arte contemporáneas a su oficina. ¿El objetivo? Visibilizar el talento latinoamericano, generar un entorno de trabajo dinámico, estimulante y creativo, y lograr que los clientes se sientan en casa.

Fernanda Luque, directora de Desarrollo de Negocio y Comunicación de Dávalos Abogados, comparte cómo el despacho se transformó en una galería viva, qué impacto tiene en el bienestar laboral del equipo y en la cercanía con los clientes, y por qué el arte puede ser una poderosa herramienta de inspiración.

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El arte inspira, humaniza y dialoga con el derecho

A la hora de pensar en el diseño interior, el propósito de Lourdes Dávalos León fue claro: crear una oficina diferente, con acento cubano. Para la tarea convocó al interiorista español Erico Navazo.

“Desde un primer momento, nuestra intención fue romper el molde y diseñar un entorno que represente la esencia de nuestra firma: calidez, cercanía, excelencia y exclusividad. El enfoque innovador de Dávalos Abogados no sólo se refleja en nuestra manera de ejercer el Derecho, sino también en el diseño de nuestras oficinas. Alejándonos del estereotipo tradicional de un bufete de abogados, hemos creado un espacio que transmite frescura, personalidad y sofisticación: queríamos que nuestros clientes se sintieran cómodos, acogidos y en un ambiente que favorece la confianza”, comenta Luque.

El estudio Navazo ha diseñado áreas especiales, donde las reuniones pueden desarrollarse en un ambiente relajado, distendido, y promover conversaciones abiertas.

“Esta visión está alineada con nuestro ADN: ser una firma boutique de excelencia, capaz de brindar un servicio jurídico altamente sofisticado, pero sin perder la humanidad y cercanía que nos distingue. Ubicadas en un enclave estratégico y exclusivo de la ciudad de Madrid, nuestras oficinas reflejan lo que somos: un referente en la resolución de cuestiones complejas, un despacho que equilibra la tradición con la innovación y la sofisticación con la calidez”, explica la directora de Desarrollo de Negocio y Comunicación de la firma.

Porque estás leyendo esta nota: El liderazgo de las abogadas frente a la transformación de las firmas legales, la propuesta de Lourdes Dávalos

El ABC de la curaduría

La galería de Dávalos Abogados está compuesta por obras de dos artistas cubanos: Flora Fong, ganadora del Premio Nacional de Artes Plásticas de Cuba en 2023, y su hijo, Li Domínguez Fong.

“Sus cuadros están llenos de simbolismo y referencias a la identidad cubana y aportan un valor cultural muy importante a nuestras oficinas. Más que un elemento decorativo, estas obras reafirman el compromiso de la firma con su misión y sus raíces cubanas. Como la primera firma boutique hispano-cubana especializada en derecho de los negocios y en la gestión de asuntos complejos vinculados con Cuba, entendemos el arte como una extensión de nuestra identidad y un testimonio de nuestro apoyo a la riqueza cultural de la isla. Nuestra colección se completa con esculturas de la artista española Elizabeth Martín Maíllo, cuyas formas contemporáneas dialogan con la elegancia y sofisticación del entorno, así como con piezas de edición limitada de la prestigiosa casa de porcelana Lladró, que aportan un toque de exclusividad y originalidad”, resume Fernanda Luque.

La necesidad de diferenciación es algo latente en los despachos de todo el mundo desde antaño. Sin embargo, en los últimos años, se ha acelerado la reconfiguración del diseño de las oficinas, cada vez más alineadas con las nuevas necesidades laborales, tecnológicas y de sostenibilidad.

“En los próximos años, veremos cómo estos espacios se alejarán definitivamente de los diseños tradicionales para reflejar de manera auténtica la identidad de cada firma, con un enfoque más renovado, creando entornos más humanos y colaborativos. Hoy en día, todo comunica: desde la calidad de la solución brindada hasta la rapidez en la respuesta de un mail, pasando por el espacio en el que se desenvuelven. Cada detalle influye en la percepción que el cliente tiene de nosotros. De hecho, el camino hacia una evolución en el diseño de los despachos de abogados ya ha comenzado a recorrerse”, anticipa la especialista en relaciones públicas y comunicación corporativa.

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Bienestar laboral en un entorno intervenido por la creatividad

Las oficinas de Dávalos Abogados cuentan con espacios comunes, como la sala de reuniones y el comedor, que han sido diseñados para fomentar la colaboración y el bienestar general.

“Este enfoque integral, que combina espacios de trabajo y de encuentro, impacta positivamente en nuestro equipo. Trabajar en un entorno cómodo, bien pensado y eficiente, donde el arte está presente en cada rincón, no sólo mejora el ambiente laboral, sino que también nos permite ofrecer un servicio más atento y de calidad a nuestros clientes. Creemos que el Derecho, especialmente cuando se trata de resolver asuntos complejos, exige soluciones innovadoras y un pensamiento fuera de lo común. El arte, con su capacidad de abrir la mente y fomentar nuevas perspectivas, es un aliado natural en este proceso. Trabajar en un entorno estético, cálido y estimulante facilita la colaboración, la fluidez de ideas y el trabajo en equipo, elementos clave para encontrar respuestas estratégicas”, señala Luque.

A contramarcha de la tendencia global de diseño de espacios de trabajo abiertos, sin estaciones de trabajo asignadas, la firma boutique ha priorizado la privacidad.

“Creemos que cada equipo se beneficia de tener su propio espacio para trabajar de manera más eficaz. Contar con un entorno tranquilo y libre de distracciones es clave, especialmente cuando necesitan concentrarse en tareas importantes. Además, entendemos que, en ciertas situaciones, es fundamental contar con privacidad para tratar temas más delicados, y por eso nos aseguramos de crear un ambiente donde todas las conversaciones se manejen con el respeto y la discreción que nuestros clientes se merecen”, destaca Luque.

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¿Qué tener en cuenta al diseñar un despacho de abogados?

Fernanda Luque, directora de Desarrollo de Negocios y Comunicación de Dávalos Abogados, comparte consideraciones basadas en su propia experiencia:

Centrarse en un concepto que identifique y refleje la verdadera esencia de la firma. “Es esencial que el diseño sea coherente con los valores, la identidad y el tipo de servicio que ofrece la empresa. No tengan miedo de ser originales ni de mostrar la personalidad de la firma, porque eso puede ser un gran diferenciador”, apunta.
Pensar al espacio de trabajo como una carta de presentación. “El despacho dice mucho sobre quiénes somos, cómo trabajamos y cuál es nuestro nivel de excelencia. Estoy convencida de que no sólo debe ser funcional, sino también transmitir un mensaje claro y coherente con nuestra identidad, reforzando lo que ofrecemos tanto a nuestros clientes como a nuestro equipo”, subraya.
No perder de vista la experiencia del cliente: cómo queremos que se sientan y qué impresión queremos que se lleven. “El diseño del espacio tiene un impacto directo en la percepción que los clientes tienen de nosotros. Un entorno bien pensado no solo refuerza la confianza y el profesionalismo, sino que también ayuda a crear una conexión más cercana con la firma”, arguye.
Promover el bienestar del equipo. “Un espacio cómodo, funcional e inspirador mejora el ambiente laboral y motiva a los empleados a comprometerse y dar lo mejor de sí mismos. Los espacios deben fomentar la comunicación y el trabajo en equipo, creando sinergias y un ambiente positivo”, concluye.

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Licencia por desamor 24w4r ¿por qué cada vez más empresas ofrecen días libres en casos de rupturas?

Fri, 11 Apr 2025 09:45:39 +0000

Licencia por desamor, ¿por qué cada vez más empresas ofrecen días libres en casos de rupturas?

La tendencia no es solo corporativa: Filipinas está debatiendo un proyecto de ley que contempla tres días de asueto sin goce de sueldo para empleados con corazones rotos.

Rocío Mellas Fri, 11/04/2025 - 05:45

Que la vida va y viene, y que no se detiene / y qué sé yo, decía Alejandro Sanz en su hit de los 90, Corazón Partío. El tema, que ahonda en la supervivencia de los corazones rotos, refleja la sensación de tener que seguir adelante a pesar del dolor, pues el mundo sigue rodando. Ahora bien, ¿cómo impacta una separación en el entorno laboral?

Una investigación de la Universidad de Minnesota detectó que casi el 44 % de las personas divorciadas experimentan bajo desempeño laboral. El proceso de separación, atravesado por malestar emocional, estrés y angustia, tiene un impacto negativo en sus tareas diarias. De hecho, el estudio arguye que dos de los principales detonantes emocionales en estos casos son las mudanzas y los trámites de divorcio.

Según la firma estadounidense Modern Family Law, los divorcios tienen un impacto directo en la productividad. “Los trabajadores pueden perder más de 168 horas de trabajo en el año siguiente a un divorcio”, señalan.

Para Life Innovations, el estrés relacionado a rupturas amorosas y problemas en vínculos personales tienen un costo alto para las empresas, de hasta 300.000 millones de dólares anuales.

Algo similar sucede con la falta de atención en el entorno laboral y el ausentismo. “El divorcio contribuye a un estado en el que los empleados están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes; y esto les cuesta a las empresas aproximadamente 150 mil millones de dólares al año”, señala el despacho norteamericano.

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Mejor quédate en casa

Más allá del impacto económico que las separaciones tienen en las empresas y organizaciones, hay un impacto tácito: en el bienestar de los trabajadores.

Matchear vida personal y laboral no siempre se da tan orgánico como suena en los reportes de recursos humanos. Por eso, cada vez más empleadores buscan alternativas para velar por la salud mental de sus trabajadores.

Los colaboradores de StockGro (India) pueden tomarse una semana libre tras separarse, sin justificación alguna. Los empleados del Cebu Century Plaza Hotel (Filipinas) cuentan con cinco días de licencia paga para reponerse luego de una ruptura sentimental. Hime & Company (Japón) ofrece entre uno y tres días de licencia por desamor. La lista de casos y marcas empleadoras está en alza.

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¿El amor es una cuestión de Estado?

Filipinas tiene en debate un proyecto de ley que propone conceder hasta tres días de asueto sin goce de sueldo por año a todos aquellos trabajadores que estén atravesando una separación.

Se trata del proyecto de ley 9.931 “Ley de recuperación y resiliencia por desamor”, impulsado por Lordan Suan, miembro de la Cámara de Representantes del país asiático.

“Al ofrecer licencia por desamor y recursos de apoyo emocional, esta legislación presenta un escenario beneficioso para empleados y empleadores, fomentando el compromiso, reduciendo costos y contribuyendo, en última instancia, a un entorno laboral más humano y productivo. En resumen, reconoce la legitimidad del sufrimiento emocional en la vida personal y ofrece un apoyo crucial en un momento tan difícil”, indicó Suan.

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Salud mental, sea o no sea desamor

Más allá del corazón roto, existen otras variables que pueden afectar el rendimiento laboral: como la ansiedad, la depresión, la autoexigencia o el estrés laboral, entre otros.

En el sector legal, Morgan & Morgan es uno de los despachos pioneros en abordar la salud mental de sus colaboradores: la firma ofrece apoyo psicológico, en alianza con organizaciones especializadas.

“Nuestro programa de psicólogo in-house funciona mediante la atención de un grupo de psicólogos que brindan atención personalizada, en nuestras oficinas, tres días a la semana. Estas consultas, que se llevan a cabo en un espacio totalmente privado y acondicionado para una atención efectiva, son confidenciales. Hasta el momento, las consultas más comunes son por síntomas de ansiedad, duelos, problemas familiares y estrés laboral”, comparte Elvira De La Guardia, VP de Desarrollo Organizacional de la firma.

Para los programas de salud mental, Morgan & Morgan creó alianzas con tres organizaciones del tercer sector que, a su vez, son clientes pro bono del despacho panameño: Fundación Relaciones Sanas (psicólogo in-house para los colaboradores), Fundación Ni Uno Más (Clínica Tú Vales, para los hijos de los colaboradores) y Fundación Piero Martínez (casos de duelo).

“Consideramos que uno de los mayores beneficios que ha traído este programa es que ahora el tema de la salud mental se aborda con plena normalidad y tranquilidad. Eso ya es un cambio que tiene un efecto multiplicador en los colaboradores y sus familias. Además, ha sido muy positivo trabajar con los líderes de cada área de práctica para que tengan la capacidad de reconocer y abordar señales de salud mental en sus equipos de trabajo. Pocas empresas tienen psicólogos de planta para atender a sus colaboradores y nos sentimos orgullosos de ser pioneros en el tema en el sector legal en Panamá”, detalla De La Guardia.

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Emisiones de deuda soberana en República Dominicana w3o40 la sofisticación y la dinámica del mercado

Tue, 01 Apr 2025 20:48:54 +0000

Emisiones de deuda soberana en República Dominicana, la sofisticación y la dinámica del mercado

La más reciente operación combinó emisión y recompra de bonos denominados en dólares y moneda local.

Jesús Hurtado Tue, 01/04/2025 - 16:48

La estabilidad de la economía nacional, un adecuado manejo del mix de instrumentos y la confianza que estos ofrecen, son los principales factores que han contribuido al éxito alcanzado por las recientes emisiones de deuda de República Dominicana, en la última de las cuales se colocaron más de 5.000 millones de dólares.

Así lo considera Ricardo Pellerano Nadal, asesor sénior del despacho dominicano Pellerano Nadal, firma que desde hace seis años participa de las emisiones de deuda realizadas, y quien no vislumbra mayores obstáculos para que el éxito sea la constante de futuras transacciones.

“Prevemos que la tendencia continúe, siempre que se mantenga un manejo prudente del endeudamiento y se optimicen las condiciones de financiamiento”, asegura el experto.

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Visión renovada

En febrero pasado, el gobierno de República Dominicana llevó a cabo una nueva emisión de deuda denominada en dólares y moneda local, cuyo objetivo fue garantizar los recursos para la ejecución presupuestaria del Estado de este año, así como cancelar la compra de bonos de deuda próximos a vencer.

La emisión se estructuró en tres tramos: el primero por 2.000 millones de dólares en un bono global con vencimiento en 2037 y un cupón de 6,95 %; el segundo por USD 1.000 millones en un bono global con vencimiento en 2055 y un cupón de 7,15 %; y el tercero indexado a pesos dominicanos por un equivalente de 125.000 millones de pesos con vencimiento en 2037 y un cupón de 10,50 %.

La innovación radicó en la oferta paralela de compra de deuda por un valor facial de 2.382 millones de dólares, que incluyó recomprar bonos globales en dólares y pesos dominicanos.

Para el especialista de Pellerano Nadal, despacho que actuó como asesor local de los compradores iniciales en la colocación y dealer managers en la oferta de adquisición, esta combinación de nuevas colocaciones con estrategias de recompra de bonos demuestra una planificación responsable para optimizar costos y mejorar el perfil de vencimientos.

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Diferencias clave

La operación en cuestión revistió un cambio en la estrategia seguida por el gobierno de la nación caribeña en el manejo de su deuda, al incluir en la oferta de recompra bonos denominados en moneda local que habían sido emitidos bajo la ley dominicana que vencían en 2026.

“Esta combinación de emisión de bonos en moneda extranjera y local, junto con una oferta de recompra de deuda en moneda extranjera y local, demuestra la sofisticación del Estado dominicano en los mercados financieros internacionales y la necesidad de asesoramiento especializado en transacciones de esta magnitud”, acota Pellerano.

Por lo general, las operaciones involucran únicamente bonos emitidos bajo el marco de la norma 144A/Reg S de Estados Unidos, mientras que la recompra de bonos emitidos bajo legislación local es menos común.

De allí que la oferta de adquisición demandó una documentación adicional en español y la coordinación con Cevaldom, la entidad que ofrece servicios de depósito centralizado de valores en el país; además de cumplir con pasos y requisitos locales específicos que no suelen estar presentes en las operaciones tradicionales de recompra.

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Con viento a favor

De acuerdo con las autoridades dominicanas, la pasada operación no solo ha fortalecido el portafolio de deuda del sector público, sino que tiene un impacto positivo en la reducción de la proporción de deuda en moneda extranjera y la extensión del plazo promedio de vencimiento de los bonos globales, además de reducir las necesidades de financiamiento para el 2026, con la consecuente menor presión sobre las cuentas fiscales del próximo ejercicio.

¿Considera que el país tiene un adecuado manejo del endeudamiento por la vía de las emisiones?

Ricardo Pellerano Nadal: Desde una perspectiva técnica, el Gobierno ha utilizado las emisiones de deuda de manera estratégica, tanto para financiar proyectos clave como para refinanciar pasivos existentes. La combinación de nuevas colocaciones con estrategias de recompra de bonos demuestra una planificación responsable para optimizar costos y mejorar el perfil de vencimientos. No obstante, el endeudamiento siempre debe analizarse en el contexto de su impacto fiscal y de sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

¿Las políticas llevadas adelante por el nuevo gobierno de EE. UU. pudieran tener alguna incidencia en el mercado financiero dominicano?

RPN: Las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) respecto a las tasas de interés tienen un impacto directo en los costos de financiamiento para países emergentes como República Dominicana. Si la Fed mantiene tasas altas, el al crédito externo podría encarecerse. Además, factores como la política monetaria estadounidense, la inflación y las tensiones comerciales pueden afectar la percepción de riesgo de los inversionistas en mercados emergentes, impactando la demanda y los rendimientos de los bonos dominicanos.

Nota relacionada: Bonos basura: ¿Qué desafíos enfrentan Estados y empresas de la región en el manejo de su deuda este 2025?

Buenas perspectivas

¿Cuáles son las expectativas respecto al mercado financiero dominicano para este año?

RPN: Esperamos que el mercado financiero dominicano continúe mostrando dinamismo y resiliencia, impulsado por una economía en crecimiento y una estrategia de financiamiento estructurada.

A escala regional, ¿cuál es su percepción sobre el desenvolvimiento del mercado financiero?

RPN: A nivel regional, seguimos viendo buena actividad en los mercados de deuda soberana, impulsada por necesidades de financiamiento y estrategias de refinanciamiento similares a las implementadas por la República Dominicana. La volatilidad en los mercados globales, el comportamiento de las tasas de interés en EE. UU. y la estabilidad política serán factores determinantes en el al financiamiento para los países de América Latina. Creemos que aquellos países con fundamentos macroeconómicos sólidos y estrategias de deuda bien estructuradas seguirán atrayendo el interés de los inversionistas.

¿Cuántas veces la firma ha servido de asesores en operaciones de manejo de deuda?

RPN: Hemos trabajado en tantas emisiones soberanas que, honestamente, hemos perdido la cuenta. Desde la fundación de Pellerano Nadal en 2019, hemos participado en todas las emisiones de deuda 144A/Reg S y manejo de pasivos del Estado dominicano, asesorando a los estructuradores y bancos colocadores.

Antes de esto, nuestros socios y del equipo ya tenían una trayectoria consolidada en este tipo de operaciones, habiendo participado en cada emisión 144A/Reg S del Estado desde la primera de su tipo en la década de los 2000, mientras formaban parte de otra firma.

Esta continuidad nos ha permitido desarrollar un conocimiento profundo de este tipo de operaciones, de los aspectos regulatorios y de los desafíos que conlleva estructurar transacciones de esta magnitud.

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