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Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador 6m2q2z Nuevos trámites e impuestos para las donaciones y el financiamiento internacional

Tue, 10 Jun 2025 21:23:22 +0000

Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador: Nuevos trámites e impuestos para las donaciones y el financiamiento internacional

Se impone un 30 % sobre transacciones financieras del exterior y donaciones recibidas dentro del país, además de la obligación de entrar en un registro.

Redacción Lexlatin Tue, 10/06/2025 - 17:23

Autor del artículo de opinión

William Escobar*

La Ley de Agentes Extranjeros establece un nuevo régimen jurídico y tributario para personas y entidades financiadas o dirigidas desde el extranjero. Desde el ámbito fiscal, impone un impuesto del 30 % sobre transacciones financieras del exterior y donaciones recibidas dentro del país.

Es importante distinguir que las instituciones financieras u otras entidades que gestionen estos fondos reciben el nombre de agentes de retención especial para las transferencias externas, y los propios agentes extranjeros deberán enterar directamente el impuesto por las donaciones locales. Estos, además, están obligados a registrarse en el registro de agentes extranjeros (RAEX) y presentar informes mensuales ante la Dirección General de Impuestos Internos.

Finalidad de la ley

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 20 de mayo de 2025 la Ley de Agentes Extranjeros, que establece el régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades en El Salvador respondan a intereses, o sean financiadas directa o indirectamente, por una persona extranjera.

Esta normativa tiene como finalidad promover la transparencia en su funcionamiento y su influencia dentro del territorio nacional, garantizando que la ciudadanía conozca a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública, así como resguardar la seguridad, la soberanía nacional, y la estabilidad social y política del país.

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Sujetos obligados: ¿Quiénes son los agentes, mandantes o directores extranjeros?

Están obligadas al cumplimiento de esta ley, en calidad de agentes extranjeros, aquellas personas que realicen, dentro del territorio nacional, actividades que respondan a intereses o sean controladas o financiadas, directa o indirectamente, por un mandante o director extranjero.

También ostentarán la calidad de sujetos obligados quienes sean determinados como tales por el RAEX, en función del objeto y parámetros de esta ley, incluyendo a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

Para efectos de esta ley, se entenderá como mandante o Director Extranjero, a las personas extranjeras, representantes de gobiernos o partidos políticos extranjeros, organismos, corporaciones o cualquier persona jurídica extranjera, o con sede de negocios en el extranjero; así como a aquellas personas que el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) califique como tales.

Entre las principales obligaciones de los agentes extranjeros se encuentra la de registrarse en el RAEX dentro del plazo máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de la ley (régimen transitorio). En caso de incumplimiento, no podrán realizar actividades, ni movilizar recursos financieros, activos o bienes materiales.

Exclusiones de esta norma

Podrá solicitarse al RAEX la exclusión de las obligaciones que dicta esta ley, por períodos anuales, renovables automáticamente, o por cada proyecto, según corresponda. No obstante, queda terminantemente prohibido otorgar financiamiento, donaciones, dinero o activos, bajo cualquier título, cuando estos se destinen a las actividades prohibidas por esta ley.

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Impuesto a transacciones financieras realizadas a favor de agentes extranjeros

Las transacciones financieras realizadas por mandantes extranjeros a favor de sus agentes extranjeros generarán la obligación de pagar un impuesto del 30 %, aplicable sobre cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especie o bienes de cualquier tipo, siempre que provengan de fondos del Mandante Extranjero. En el caso de las importaciones de bienes materiales, el hecho generador se configurará cuando así lo determine el RAEX.

Agente de Retención Especial

Este impuesto será retenido por las instituciones del Sistema Financiero, así como por cualquier otra entidad que intervenga en la recepción, canalización o transferencia de fondos desde el exterior a favor de organizaciones sin fines de lucro, independientemente de que estén o no sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

La retención deberá efectuarse en el momento en que se realicen las respectivas transacciones, o cuando los fondos sean puestos a disposición del Agente Extranjero en las cuentas de las entidades que los istren o gestionen (agente de retención especial). Las retenciones deberán enterarse a la Dirección General de Tesorería (DGT) dentro del plazo de diez días hábiles del mes siguiente a aquel en que se efectuaron.

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Donaciones realizadas en el territorio nacional

Las donaciones que reciban los Agentes Extranjeros dentro del territorio nacional estarán gravadas con un impuesto del 30 %. A tal efecto, el impuesto deberá ser enterado por el Agente Extranjero dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre del período mensual en que se haya recibido la donación.

Obligación formal de informar por parte de los Agentes Extranjeros

Los agentes extranjeros que hayan sido sujetos de retenciones del impuesto o que hayan enterado el impuesto correspondiente a donaciones recibidas deberán presentar un informe ante la Dirección General de Impuestos Internos, dentro de los quince días hábiles siguientes al mes en que estos se realizaron.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributaria establecidas en esta ley, tanto por parte del agente extranjero como del agente de retención especial, será sancionado conforme a lo dispuesto en el Código Tributario.

En mi opinión, esta ley no solo redefine el marco regulatorio en materia de soberanía y transparencia institucional, sino que impone un régimen fiscal de alta carga y exigencia operativa. La imposición de un impuesto del 30 % sobre transacciones internacionales y donaciones locales, sumada a la obligación de registro, retención, entero e informes mensuales exige una revisión exhaustiva de los flujos financieros y de cumplimiento tributario.

Las organizaciones y personas naturales sujetas a esta ley deben actuar con diligencia técnica y previsión estratégica a fin de mitigar riesgos fiscales, evitar sanciones y asegurar la continuidad de sus operaciones en un entorno ahora mucho más regulado. En este contexto, el acompañamiento profesional especializado no es solo recomendable, sino esencial.

*William Escobar es asociado sénior en Consortium Legal - El Salvador.

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ONG Te Protejo obtiene certificación de marca de estándares de calidad y buenas prácticas 1c1146

Thu, 03 Apr 2025 05:30:20 +0000

ONG Te Protejo obtiene certificación de marca de estándares de calidad y buenas prácticas

El proceso de certificación incluyó un análisis técnico y jurídico del reglamento de uso de marcas y la definición de las características garantizadas por la marca.

Rosa Ramos Thu, 03/04/2025 - 01:30

El 4 de marzo, concluyó la asesoría mediante la cual la ONG Te Protejo (organización sin fines de lucro que promueve el uso de productos cosméticos no testeados en animales) registró la certificación de la marca “No Testeado en Animales”, de estándares de calidad y buenas prácticas en su sector. La obtención de esta certificación estuvo llena de complejidad debido a que requirió un enfoque integral, que combinara experiencia en propiedad intelectual, normativa sectorial y competencia desleal, explicó Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia), la firma que asesoró legalmente a Te Protejo.

Este proceso incluyó un análisis técnico y jurídico del reglamento de uso de marcas de certificación, el cumplimiento de los requisitos normativos y la definición de las características garantizadas por la marca, los mecanismos de control previos y posteriores a su autorización y la estructura técnica del reglamento.

Para llegar al registro de la marca “No Testeado en Animales”, se debió evaluar la estrategia de su protección en términos de propiedad intelectual, identificando cómo solicitar su registro sin reclamar derechos exclusivos sobre la expresión “No Testeado en Animales”, ya que se trata de un mensaje informativo de carácter general, dijo Camilo Suárez, director de PI de PPU. También se hizo una búsqueda de antecedentes para garantizar que el logotipo de la ONG fuera distintivo y registrable sin generar conflictos con derechos previamente concedidos.

Otras noticias: BYD vs BMW, la disputa de un registro de marca ante el Inapi de Chile

Además de esto, el análisis de competencia desleal y técnico fue fundamental para garantizar que la certificación no diera lugar a prácticas engañosas en el mercado y para asegurar que la marca de certificación fuera registrable, apuntó Camila Ramírez, asociada de la firma.

Nuestro enfoque se centró en verificar que el reglamento de certificación contara con los elementos necesarios y suficientes para que la marca solo pudiera aplicarse a productos que fueran realmente libres de testeo en animales. Esto implicó evaluar la solidez del proceso de certificación y los mecanismos de control implementados, garantizando que la afirmación “No Testeado en Animales” fuera objetiva, verificable y respaldada por evidencia clara, completó.

Estudiar todos los aspectos relacionados con la competencia desleal fue vital para prevenir escenarios en los que un reglamento insuficientemente estricto pudiera permitir la certificación de productos que, en realidad, no cumplieran plenamente con el criterio de no testeo, dijeron los abogados, lo cual es bastante relevante en un mercado donde una certificación como esta representa un valor agregado y el uso indebido de esta afirmación podría generar una ventaja competitiva indebida, “afectando la confianza de los consumidores y distorsionando las condiciones de competencia en la industria de cosméticos y productos de aseo.”

Asesores de la transacción:

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia: Director Camilo Suárez. Asociada Camila Ramírez.

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'Overcompliance' 6m5x62 La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

Tue, 29 Oct 2024 22:18:23 +0000

'Overcompliance': La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

La ley aprobada podría afectar la permanencia de más de 600 ONG que atienden a millones de venezolanos.

Redacción Lexlatin Tue, 29/10/2024 - 18:18

Luego de múltiples intentos por regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una normativa que, de acuerdo con analistas, socavará aún más las bases de la democracia venezolana, al atentar contra derechos humanos amparados por la Constitución.

Según sus objetivos, esta ley se ha elaborado para crear un sistema uniforme que regule el establecimiento, registro, organización y istración de este tipo de instituciones, con especial foco en transparentar sus finanzas y, con ello, a sus fuentes de financiamiento.

Te sugerimos leer: Corrupción en Latinoamérica: El compliance gana terreno ante la inaplicación de las normas

¿El sobrecumplimiento es ilegal?

La norma fue aprobada en tiempo perentorio por la Asamblea unicameral venezolana y, aunque ni la directiva parlamentaria ni la Presidencia de la República han firmado su "ejecútese", se espera que en cualquier momento sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigencia.

Convencido de la inconstitucionalidad de la norma, Marcos Carrillo Perera, socio especialista del área de litigios y soluciones alternativa de conflictos en AraqueReyna, es categórico al señalar que uno de los grandes desaciertos de esta ley es atentar contra la libertad de asociación, un derecho no solo consagrado constitucionalmente en el país, sino avalado por una serie de normativas internacionales que son ley en Venezuela.

"Esta ley afecta un derecho humano fundamental: la libertad de asociación y, eventualmente, la libertad de reunión y otros derechos conexos. El derecho de libertad de asociación está garantizado por una serie de cuerpos normativos y tratados internacionales ratificados por Venezuela y, por lo tanto, por la Constitución", comenta Marcos Carrillo Perera.

Con lo anterior, el especialista ejemplifica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como uno de los derechos fundamentales el de asociación; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos también lo recogen. "En todos estos casos dice que puede haber restricciones, es cierto, pero solo aquellas que sean necesarias en una sociedad democrática. De modo que no es cualquier tipo de restricción, sino que tiene como condicionamiento la potenciación de la democracia. Por ejemplo, cuando se tratan temas de orden público, la salud u otros derechos y libertades".

A nivel constitucional, el abogado refiere que se tiene este derecho reconocido en el artículo 52, que establece que toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos.

-El argumento del gobierno para su aprobación es luchar contra el blanqueo de capitales y apoyo al terrorismo ¿Tiene la ley relación con el compliance?

Marcos Carrillo Perera: El compliance no puede estar por encima de la Constitución y de los tratados. Una manera de violar estos derechos es el overcompliance, el sobrecumplimiento, al establecer unas normas en tal modo engorrosas y complicadas que hagan difícil ejercer el derecho de libertad de asociación.

En ese caso, el overcompliance es inconstitucional, porque va contra los derechos humanos.

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Estrategia global

Marcos Carrillo dice que el ataque contra las ONG en Venezuela es de vieja data. Asegura que desde el año 2000, apenas un año después de que Hugo Chávez asumiera, el gobierno inició su embestida contra estas organizaciones, primero por vía de jurisprudencia y, desde 2006, con la presentación sistemática de proyectos de ley ese año y en 2011, 2017, 2021 y 2024.

-¿Se relaciona esta ley con otras que se han promulgado o están por aprobarse en la región?

Marcos Carrillo Perera: No es una ley aislada, sino que va en un contexto mundial, con nexos muy particulares con leyes similares que se han promulgado en Rusia, países africanos, en Europa del Este, el sudeste asiático y Latinoamérica. Estas buscan obstaculizar el derecho a la libertad de asociación y, en última instancia, el derecho a la cooperación internacional y a recibir financiamiento para actividades que van desde el desarrollo social hasta la promoción de derechos humanos.

-En una situación tan compleja como la actual para el Estado venezolano por las acusaciones de violación a los derechos humanos, ¿cómo afecta esta ley la imagen del país?

Lo que hace es consolidar una imagen de una Venezuela que está, lamentablemente, atentando contra principios democráticos básicos y elementales, no solamente en lo electoral, en la persecución política, sino en el ejercicio de derechos como el de libre asociación, que ya venían siendo coartados desde hacía tiempo con el de soberanía política. Esto lo que hace es un contexto más amplio, que ya parece ser una política.

Invaluables consecuencias

Si bien Marcos Carrillo dice no tener precisión de los efectos que esta ley pueda tener en el rol del país como actor del comercio internacional, asegura que habrá impactos en la economía interna, tomando en cuenta que las ONG no solo trabajan en la defensa de derechos políticos y civiles, sino que realizan obras de acción social en los sectores de educación, alimentación, salud, entre otras, dada la pérdida de capacidad del Estado ante la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de una década.

Al respecto, Sinergia, red de organizaciones de la sociedad civil, un organismo que agrupa a una gran mayoría de las ONG que hacen vida en el país, ha reiterado la importancia de la labor que realizan, advirtiendo que el impacto de que estas organizaciones dejen de operar será muy grande y perjudicará a millones de venezolanos.

Aun cuando esta organización no maneja cifras en cuento a los fondos que reciben las mas de 600 ONG que hay en el país, analistas económicos han señalado que se trata de recursos que mueven una pequeña economía de cooperación con alguna incidencia, máxime en las condiciones actuales de Venezuela, cuyo PIB se redujo a una cuarta parte de lo que fue en 2013.

A modo de ilustrar la situación, en su informe de agosto pasado, la Oficina de Cooperación para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), señaló que entre enero y agostos de 2024 esa dependencia de Naciones Unidas ofreció ayuda en alimentación salud y protección a más de 1,8 millones de venezolanos (59 % mujeres), para lo cual había recibido hasta ese momento 126 millones de dólares, apenas 17 % de los 617 millones de dólares que se estimaban serían necesarios este año para atender la emergencia humanitaria venezolana.

Texto relacionado: Delitos ambientales y transición energética, ¿cómo Venezuela desarrolla un marco legal ante el cambio climático?

Perverso empaque

-¿Hay algo que pueda considerarse un avance en esta ley?

Marcos Carrillo Perera: Sin lugar a dudas, es más sofisticada que leyes anteriores. A primera vista, llama a la transparencia, a la rendición de cuentas, que utiliza conceptos aceptados en el área, pero todo ello como mampara, y es ahí donde está el problema. Es una ley en apariencia muy buena, pero con muchas perversidades.

Se limita el derecho a asociación de manera muy discrecional y velada. Se prohíbe la promoción del fascismo, el odio, la discriminación o que se violen normas constitucionales. Eso no se puede permitir, el asunto es que, en el contexto actual, estos conceptos han sido utilizados de manera genérica e interesada para atacar a grupos, desprestigiarlos, perseguirlos. Conceptos que, a primera vista, pueden ser potables, al final son utilizados con otras intenciones.

Un segundo problema es que establece procedimientos muy engorrosos para el registro de las ONG, se están pidiendo 14 requisitos, algunos que no son para nada ordinarios. Por ejemplo, establecer el alcance territorial de la organización, establecer un régimen disciplinario, si el financiamiento es total o parcial, hecho por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Además, establece normas que pueden llevar a escoger personas no idóneas para dirigir la organización.

-¿Qué ocurre con el principio del doble registro?

Ese es otro de los problemas, que establece varios registros, hasta cuatro:

El registro subalterno, donde generalmente se inscriben las organizaciones civiles.
El registro nacional de ONG y organizaciones sin fines de lucro.
Si se es una ONG internacional, se debe inscribir en el registro de ONG internacionales.
Un cuarto registro antes órganos antiterrorismo.

Esto violenta el principio fundamental de buenas prácticas internacionales en esa materia, que es evitar a toda costa el doble registro.

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Leyes similares

De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 50 países en el mundo cuentan con alguna ley que limita la actuación de las ONG. Por suerte, son pocos los países de América Latina donde existen estar normativa, siendo Cuba el decano y modelo seguido por otros, entre ellos:

Nicaragua: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

Promulgada en octubre de 2020, la norma implementa medidas que obstaculizan las labores de las ONG, impiden recibir financiamiento externo y sometiéndolas a sanciones arbitrarias que, en la mayoría de los casos, ha desembocado en la cancelación de la personalidad jurídica. Bajo este paraguas, desde 2018 el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado y expropiado los bienes de al menos 6.000 ONG, la gran mayoría religiosas.

Guatemala: Decreto 4-2020

En 2020, el Congreso guatemalteco reformó la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de 2003, imponiendo nuevos controles ejecutivos a las actividades financieras y istrativas de las organizaciones de la sociedad civil, concediéndose la potestad de cancelar el registro e ilegalizarlas. Como consecuencia, cerca del 90 % de las ONG que existían en el país a la entrada en vigencia de la ley no pudieron actualizar su registro. El problema sigue vigente.

Perú: Ley N.º 27692

La reforma a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) de julio de 2024, faculta a APCI a controlar, supervisar y fiscalizar los recursos que reciben las ONG del exterior, además de registrar organizaciones que hacen activismo político. Los analistas creen que esto afectará incluso el trabajo de los medios de comunicación y organizaciones que hagan contraloría social al gobierno. Esta ley permanece congelada en el Congreso.

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Emprendedurismo y compromiso social como bases profesionales 6e1f1b Leopoldo Hernández preside el Consejo de Appleseed México

Mon, 06 Feb 2023 21:15:18 +0000

Emprendedurismo y compromiso social como bases profesionales: Leopoldo Hernández preside el Consejo de Appleseed México

El conocimiento, la visión de negocios y el compromiso social son los componentes para definir a un profesional integral.

Redacción Lexlatin Mon, 06/02/2023 - 17:15

Autor del artículo de opinión

Cecilia E. Díaz

Solo 2 de cada 10 abogados en Estados Unidos consideran que la universidad los preparó para la vida profesional, según el reporte Gallup-Purdue Index Postgraduate Degree Database, publicado en el 2014. Aunque este reporte tiene un poco más de 8 años de haberse publicado sigue vigente, no son muchas las Universidades con currículas actualizadas según las necesidades del sector.

Pero, ¿cuál es la pieza que falta? ¿Qué se necesita para completar el perfil del abogado? En un entorno caracterizado por el dinamismo, los conceptos legales aprendidos en la facultad de derecho deben combinarse, mínimo, con el emprendedurismo y el compromiso social. Este último no es solo un elemento diferenciador en las nuevas generaciones, sino una oportunidad para ser mejores personas en un ámbito distinto al académico. El conocimiento, la visión de negocios y el compromiso social son los componentes para definir a un profesional integral.

Para profundizar en este nuevo enfoque del perfil profesional de los abogados, LexLatin invitó a Leopoldo Hernández Romano, nombrado recientemente presidente del Consejo Directivo de Appleseed México, organización no gubernamental que brinda asesoría a otras ONG a la vez que produce investigaciones jurídicas. Hernández Romero es además managing partner de KermaPartners.

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Encontrar un nicho de mercado y desarrollarlo

Una parte importante de tu carrera se ha enfocado en prestar servicios de asesoría a firmas de abogados y gerencias legales en temas de gestión. ¿Cuál fue tu motivación para desarrollar y centrarte en esta línea de servicios?

Leopoldo Hernández Romano. Fue una serie de circunstancias que me hicieron dar cuenta de que habían oportunidades para transformar el sector legal.

Mientras trabajé en Algodonera Comercial Mexicana, realicé un MBA que me permitió tener otra perspectiva sobre la visión de negocios que requería la industria de servicios legales. Al conversar con varios colegas observé que habían muchos problemas de eficiencia en las firmas que podían mejorarse. Esto fue a finales de los 90 y a principios de los 2000. Entonces el legal management no era un tema incipiente pero, definitivamente, aún había mucho camino que recorrer.

En 2002 me uní a la firma White & Case como COO y fue una escuela extraordinaria para entender cómo debía definirse una estrategia, medir el desempeño de las distintas áreas de la firma y gestionar talento y tecnología. Otro elemento que me ayudó a definir mi línea de servicios fue participar en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, específicamente, en la comisión de istración de despachos.

En conclusión, la combinación de haber formado parte de una gerencia legal, realizar un MBA, trabajar en una firma legal y participar en la Barra Mexicana fue el detonante para ver el nicho que había en el mercado, comenzar mi propia consultora en temas estratégicos y diseñar una línea de servicios que contribuyera a mejorar la industria legal.

¿Consideras que este enfoque de negocios debería incluirse en los programas académicos en las universidades?

Yo fui profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana y mi respuesta original sería sí. Sin embargo, el problema es que la misma sofisticación de la práctica legal ha hecho que la currícula académica en las universidades sea muy grande. Es algo que debe manejarse con la carga de materias que actualmente tienen los alumnos.

Ahora bien, al graduarse de la escuela de derecho, los abogados pueden tomar tres caminos: trabajar en una firma, ser parte del departamento legal de una empresa o dedicarse al sector público. En cualquiera de estos escenarios tienen que cumplir con tareas propias de un negocio, por ejemplo istrar recursos, reclutar talento, cerrar ventas, comunicación, temas de liderazgo. No solo ganar un caso y ofrecer soluciones estrictamente legales

Dicho esto, sí creo que abrir un hueco en el pensum para incluir estas materias.

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El emprendedurismo se encuentra con el compromiso social

Durante tu vida profesional también has incursionado en proyectos de visión ciudadana como es el caso de UNE, y, por supuesto, Appleseed México. ¿Cómo complementa este aspecto de compromiso y responsabilidad social tu carrera actualmente?

Para que cualquier persona pueda desarrollarse requiere de un ambiente óptimo, de un entorno donde haya estabilidad y justicia para que puedan tener oportunidades en un futuro. Al ver esta necesidad, y lo lejos que estamos todavía en Latinoamérica de alcanzar los niveles de países más desarrollados, decidí tomar acción.

Si me estoy dando cuenta de que mi entorno no es el adecuado, tengo dos opciones: dedicarme a tuitear o subir publicaciones en otras redes sociales o “ponerme las pilas” y ver de qué manera puedo aportar para construir una sociedad más justa. Cuando empiezas a darte cuenta de que las instituciones del país están en riesgo y que constantemente se atenta contra las normas, entonces es donde surge un despertar ciudadano.

Entonces, si esas ganas de innovar, crear o proponer —que además son atributos que caracterizan a los emprendedores— se combinan con el compromiso social, se genera sinergia para producir un cambio en la sociedad. Para los abogados, por la naturaleza de su profesión, el compromiso social casi siempre viene relacionado con el a la justicia o propuestas legislativas que impliquen mejoras significativas para todos los que vivimos en el país.

Este es el caso de Appleseed México. Desde esta organización se ofrece asesoría legal gratuita a grupos en situación de vulnerabilidad para promover un mejor entendimiento del entorno legal y la cultura pro bono. Hace siete años, Appleseed me invitó a participar en un proyecto de mejoras y, desde entonces, me gustó tanto el trabajo que hacía allí que ya no pude salir.

No sé si lo habré heredado de mis padres —probablemente sí— pero me cuesta estar “sin hacer nada”. Si toda mi experiencia y mis conocimientos se pueden aprovechar en organizaciones de sociedad civil para lograr generar más oportunidades para otras personas, pues hay que hacerlo. Hay que actuar.

Como nuevo Presidente del Consejo Directivo de Appleseed, ¿Cuáles son los retos y metas que buscas concretar en este período?

Primero, fortalecer la estructura istrativa: deseo que tengamos un entorno organizacional mucho más fuerte dentro de Appleseed para poder crecer y tener un equipo que ofrezca un mejor servicio a las organizaciones de la sociedad civil en México.

Nuestro segundo reto es el fortalecimiento financiero. Necesitamos más fuentes de ingresos y de recursos para cumplir con los objetivos principales de Appleseed México que es dar asesoría legal gratuita y colaborar en la investigación jurídica en temas de relevancia social.

Ahora, más que presentar nuevas propuestas o iniciativas legislativas, estamos en una fase de contención y protección de la normatividad vigente. Creo que con una estructura más sólida y más grande podemos ampliar mucho más el alcance de nuestros objetivos.

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¿Cómo reclutas a las personas para tus proyectos de responsabilidad social?, ¿qué cualidades deben de tener?

Primero deben contar con conocimientos técnicos del área a la que van a ingresar, luego un gran sentido del compromiso. Formar parte de una organización de la sociedad civil no significa “aquí tengo trabajo y ya”, esto realmente requiere de vocación.

Creo que para estos proyectos también se necesitan personas con perfiles resilientes porque las frustraciones pueden ser muy grandes debido a las limitantes. Si una empresa grande a veces tiene recursos limitados, en una sociedad civil los recursos son aún más limitados y eso puede ocasionar desmotivación rápidamente.

¿Crees que la responsabilidad social y el enfoque de negocios son elementos esenciales para forjar una generación de abogados 2.0? ¿Por qué?

Si, definitivamente. El enfoque de negocios va a ser un elemento diferenciador que además ayudará a los abogados a tener una mejor perspectiva sobre temas de gerencia para optimizar sus resultados en términos de venta (aumentar la cartera de clientes), de captación y retención de talentos, de medición, de liderazgo, entre otros.

En cuanto a la responsabilidad social, cada vez se está tomando más en cuenta y es más importante para los mercados. Además, los marcos regulatorios en los que se desenvuelven las firmas es más amplio, ya las normas no dependen exclusivamente del órgano legislativo sino de iniciativas que promueven las organizaciones de la sociedad civil o cambios impuestos por los clientes. Es una dinámica del día a día.

El emprendedurismo no tiene por qué estar desligado del compromiso social. Estas características sí son importantes para definir un nuevo perfil de abogados.

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La restricción de donativos para ONG y el sobrecosto en nueva terminal AICM en México 5r3z4n

Sat, 30 Oct 2021 15:08:57 +0000

La restricción de donativos para ONG y el sobrecosto en nueva terminal AICM en México

Se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos en el Buen Fin.

Ana Karen de l… Sat, 30/10/2021 - 11:08

Autor del artículo de opinión

Gabriela Quevedo Castañeda

Para dar seguimiento a los principales cambios jurídicos en Latinoamérica, LexLatin presenta un resumen legal en México. Última actualización: del 22 al 29 de octubre. Aquí puedes dar seguimiento de otros resúmenes de México.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) concede más autorizaciones sobre la Ley Fintech.

Las empresas Lana y CrowdLink ya pueden operar bajo la ‘Ley Fintech’, que regula las instituciones de tecnología financiera. Con estas compañías ya asciende a 22 la lista de plataformas que pueden realizar operaciones de pago electrónico o fondeo colectivo. Se prevé que la CNBV permita a otras 30 plataformas, las cuales ya cuentan con el visto bueno de las autoridades, pero aún se encuentran en proceso de acreditar ciertos requisitos (29 de octubre).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Las disposiciones tienen el objetivo de fomentar la inclusión financiera y la integración económica en el medio rural. La publicación aborda los derechos, sanciones y obligaciones de los beneficiarios, así como los procedimientos para la solicitud de apoyo. Expone también las características de los programas de capacitación para productores e intermediarios financieros rurales e incluye un Glosario de conceptos y definiciones empleados en las reglas estipuladas (29 de octubre).

La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro modifica acuerdo mediante el dictado de políticas y criterios en materia de comisiones.

La Junta anuncia que la comunicación del máximo de comisiones, así como su modificación o ratificación, se realizará mediante publicación en el sitio web de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. Este procedimiento se realizará el último día hábil de octubre, informando lo que regirá a partir del año calendario siguiente. Se incluye como anexo único la Metodología para el Cálculo del Máximo de Comisiones, considerando la comparación de comisiones de México con Chile y Colombia (26 de octubre).

La reforma del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) restringirá los donativos otorgados por personas físicas a organizaciones civiles de México, que puedan ser deducibles de impuestos.

La propuesta aprobada incluye los donativos personales en el límite global deducible, eliminando el porcentaje adicional de hasta 7% del ingreso anual en caso la persona contribuya con una organización civil. Esta reforma pondría en riesgo a las más de 40.000 organizaciones de la sociedad civil que atienden diversas problemáticas en México. De acuerdo al Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), al menos 5.000 de ellas, se sustentan casi en su totalidad por ingresos de donaciones de personas físicas (25 de octubre).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta sobrecosto en AICM

El incremento es de más de 125.400 millones de pesos (6.129 millones de dólares) sobre el monto original contratado para la construcción de un edificio con nuevas salas de abordaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esto representa un 33.8 % adicional sobre la base acordada inicialmente.

La obra está a cargo de Epccor, firma socia de Sacyr. Ambas compañías recibieron, de manera conjunta, la adjudicación de la obra por parte del AICM. La primera tiene como antecedente la construcción de la Ampliación de Cuernavaca, Morelos, conocida como ‘Paso Exprés’, obra que presentó una falla que abrió un socavón en el cual cayó el vehículo de Juan Mena López y su hijo Juan Mera Romero (28 de octubre).

Se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos.

Las personas usuarias de tarjetas de crédito o débito, como medios de pago en la adquisición de bienes o servicios, podrán ser elegidas para recibir estímulos fiscales durante el periodo del 10 al 16 de noviembre de 2021, deberán inscribirse en el portal de "El Buen Fin" para el ejercicio 2021. Este estímulo fiscal, así como el monto de los premios que deriven del sorteo de "El Buen Fin" no se considerarán ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta (28 de octubre).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posible daño por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El daño es en perjuicio de la Hacienda Pública por más de 66 millones de pesos (3.210 millones de dólares). El documento, remitido a la Cámara de Diputados, refiere como causa del daño el incumplimiento en la aplicación de penas por el retraso en la entrega de vacunas. A ello, se agrega la falta de documentación como la carta de compromiso de canje y el soporte de la aplicación de las penas determinadas por los es de los contratos, entre otras (28 de octubre).

La reforma del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) restringirá los donativos otorgados por personas físicas a organizaciones civiles de México, que puedan ser deducibles de impuestos.

La propuesta aprobada incluye los donativos personales en el límite global deducible, eliminando el porcentaje adicional de hasta 7 % del ingreso anual en caso la persona contribuya con una organización civil. Esta reforma pondría en riesgo a las más de 40 mil organizaciones de la sociedad civil que atienden diversas problemáticas en México. De acuerdo al Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), al menos 5 mil de ellas, se sustentan casi en su totalidad por ingresos de donaciones de personas físicas (25 de octubre).

Se prohíbe la importación de los cigarros electrónicos.

Mediante la modificación de las fracciones arancelarias en la tarifa en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. La medida se refleja sobre las soluciones, mezclas, cartuchos y/o unidades desmontables de tabaco, así como los cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares (SEAN, SSSN y SACN).

El Decreto también adiciona un inciso que añade la descripción de los SACN que son los sistemas alternativos de consumo de nicotina, sobre los cuales recae la prohibición de importación (22 de octubre).

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El riesgo para las ONG venezolanas de no inscribirse en el registro antiterrorista 103827

Wed, 26 May 2021 22:30:26 +0000

El riesgo para las ONG venezolanas de no inscribirse en el registro antiterrorista

A pesar de la eliminación del artículo que establecía las sanciones, en la providencia que sustituye a la original, se leen otras entre líneas

Ana Karen de l… Wed, 26/05/2021 - 18:30

Marcos Carrillo Perera

A inicios de mayo, el régimen venezolano sustituyó la controvertida norma que, por motivos de seguridad, ordenaba el registro en una base de datos unificada de todas las personas jurídicas cuya actividad no fuera regulada por una ley especial, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales (ONG). Si bien la sustitución obedecía a “errores de impresión”, de acuerdo con el análisis del abogado Marcos Carrillo Perera, socio de la firma Araquereyna, la nueva regulación trajo cambios de fondo.

Ambas providencias (001-2021 y 002-2021) han sido dictadas por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Su objeto es fiscalizar el origen de los fondos que reciben este tipo de sociedades.

“Que todo un sector esté inscrito en un registro policiaco es realmente inconveniente porque se viola el derecho a la presunción de inocencia. Mucha de esta información, incluso, ya está disponible en el registro civil: nombre de la asociación, fundadores, directivos y objeto, lo que no está es quién los financia porque no lo pide la ley, salvo esta providencia, una norma de rango sublegal”, explica el experto en derecho corporativo, litigio y arbitraje.

Carrillo Perera detalla que los sujetos obligados a registrarse, según la providencia, son además de ONG, las sociedades vinculadas a la construcción, a bienes raíces, transporte de valores y aquellas que no tengan regulación especial.

Si bien la segunda providencia derogó el artículo 16, que establecía que ante incumplimientos los sujetos obligados serían “sancionados de conformidad con la normativa legal aplicable”, el socio de Araquereyna expone que las organizaciones no están del todo a salvo pues la norma debe leerse en conjunto con las leyes contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. “En estas se determina que solamente la negligencia de los de las ONG o la impericia o imprudencia son suficiente para que sean sancionados”, menciona.

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De acuerdo con la norma, todas las personas obligadas deberán presentar documentación de identificación de personas, como propietarios de negocios (en caso de personas naturales); representantes legales, de las juntas directivas de las sociedades mercantiles y del consejo de istración de asociaciones cooperativas. Además, información sobre el Registro de Información Fiscal (RIF), certificado de inscripción en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y estados financieros anuales al cierre del último ejercicio fiscal, entre otras.

Cuando se trata de ONG, adicionalmente se les pide su acta constitutiva, su constancia de inscripción, un listado de organizaciones nacionales o extranjeras de los cuales perciban aportaciones y, finalmente, un listado de sucursales extranjeras de organizaciones sin fines de lucro con las que haya acordado asociaciones.

Las organizaciones sin fines de lucro

De acuerdo con el experto, se ha documentado que en los últimos años el registro de las ONG y sus actuaciones han sido obstaculizadas “por vías de hecho”. Es decir, medidas políticas y no legales.

“Sobre todo en los últimos tiempos Venezuela ha sido un país con una gran recepción de cooperación internacional: en primer lugar destinada a las ONG defensoras de derechos humanos, en sus diferentes áreas. Recientemente se ha visto, dada la crisis humanitaria, una gran cantidad de donaciones en materia de desarrollo social, alimentación o salud, por ejemplo”.

Por las resoluciones conjuntas 082 y 320, publicadas en octubre del año pasado, el régimen habilitó el registro de las ONG extranjeras que operan en el territorio nacional. La justificación de este otro registro es el fomento a la transparencia para el ejercicio de sus funciones.

Marcos Carrillo Perera considera que la unión de las organizaciones, como gremio, es una estrategia imprescindible, especialmente si se considera que, aunque se tengan medios legales internos para impugnar las providencias, sería complicado encontrar un tribunal que contradiga al Ejecutivo.

“Es importante que estas organizaciones consulten a su abogado porque cada una tiene particularidades que hay que analizar y qué consecuencias puede traer. Además, es importante que sensibilicen e informen a la comunidad internacional sobre estas medidas, porque puede ejercer presión y realizar labores de lobby para que el régimen no tome medidas que violen los derechos humanos como el de libre asociación y libre financiamiento de esas asociaciones”, comenta Carrillo Perera.

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